El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, doctor Luis María Benítez Riera, y los ministros, doctores Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón, Víctor Ríos y César Diesel mantuvieron una reunión a fin de analizar la propuesta de examen de competencia a abogados egresados de las facultades que no se encuentren acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
Trascendió que una mayoría de los ministros alegaron que este examen de competencia no puede ser implementado vía acordada y que solo podrá serlo vía ley tras ser tratada en el Congreso Nacional. Es importante aclarar que se trata de una información extraoficial, ya que ningún ministro quiso opinar sobre el tema con los medios de comunicación.
“El encuentro desarrollado hoy (por ayer) entre los ministros presentes, se trató de una primera reunión de análisis sobre la propuesta. Las conversaciones continuarán en próximas reuniones, por lo que en esta oportunidad no se realizarán declaraciones a la prensa”, refirieron desde Comunicación de la CSJ ante las consultas sobre los temas abordados en dicho encuentro.
La semana pasada en la sesión del pleno de la Corte habían dado entrada a la nota de la Aneaes que recomendaba que se haga un examen de competencias básicas a los abogados egresados de las universidades no acreditadas.
A raíz de ello, tras una discusión en la Corte se determinó que ayer iba a celebrarse una reunión de trabajo sobre el tema.
No se dieron a conocer los puntos expuestos sobre el tema, pero trascendió que existe una mayoría que señaló que dicho examen no puede implementarse vía acordada, sino vía ley que haga que los abogados rindan un examen de competencia para que tengan la matrícula de abogado.
MÁS CONTROLES. Acerca de la proliferación de títulos falsos que pudieran ostentar personas con cargos públicos en este momento, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, indicó que la investigación corresponde al Ministerio Público. “Estamos hipotéticamente ante eventuales hechos punibles de acción penal pública, entonces en consecuencia el Ministerio Público puede iniciar la investigación de oficio”, indicó en Políticamente Yncorrecto, emitido vía Telefuturo.
“Es mucho más grave en caso de personas que ocupan cargos públicos o personas que directamente estuvieron, por ejemplo, encabezando entidades cuyas decisiones generan situaciones institucionales muy delicadas para el funcionamiento de la República, por ejemplo, si tiene que juzgar a jueces, designar jueces”, explicó, haciendo referencia al caso del ex senador Hernán Rivas, quien es acusado de tener un título falso de abogado y haber sido representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados donde incluso llegó a presidir. Ríos sostuvo que la Ley 2529/04, conocida como Ley Marcos, que modificó los requisitos para la creación de universidades privadas, fue resultado de un “consenso político” de la época.
