La investigación se inició tras la denuncia realizada por Óscar Leguizamón Chaparro, quien manifestó que Caballero lo había amenazado con impulsar un sumario que se lleva a cabo en la DNCP en contra del Instituto San Luis, del cual es propietario, con el fin de perjudicarlo.
Además, el denunciante manifestó haber sido extorsionado con respecto a una causa investigativa en su contra en San Lorenzo, diciéndole que conseguirían una prórroga para luego impulsar un fallo en su contra.
Asimismo, Soto Ortellado le habría mencionado que también iba iniciar una serie de acciones legales contra Leguizamón si este no accedía inicialmente al pago de G. 15 millones para seguir contando con contratos de licitaciones para capacitaciones a favor de su instituto. El denunciante manifestó que accedió al pago de la suma requerida, pero supuestamente luego el monto fue elevado a G. 100 millones, tras lo cual denunció el hecho.
Durante el operativo el denunciante realizó una entrega de dinero, que es la culminación del proceso iniciado por la Fiscalía y según expresó el fiscal interviniente todavía falta determinar quiénes serían los autores intelectuales, ya que los detenidos serían solo intermediarios.
Hoy saldría imputación por cohecho y soborno.
