Paz Castaing afirmó que la situación de legisladores como Cuevas y Quintana son la muestra del “deterioro evidente” de la clase política. “Las condiciones en que los candidatos llegan a los cargos, mediante caminos que se discuten, que se deslegitiman por los hechos que se denuncian, finalmente contribuyen a que cada vez la gente crea menos en la política, lamentablemente”, señaló el analista.
Explicó que la política como tal no tiene nada que ver con lo que hacen los políticos, pero hoy se ve distorsionada por estos dirigentes. “Creemos que con las nuevas herramientas que se están acercando, las modificaciones al Código Electoral, la nueva Ley de Financiamiento Político van a mejorar la situación, aunque no van a ser el remedio definitivo. No hay que ser ingenuo ni creo que va a ser el fin de todo lo malo, pero son elementos que van impidiendo, dificultando estos sucesos que ya se volvieron una cotidianeidad en la política, que dirigentes con procesos judiciales estén en el Congreso”, cuestionó.
Sobre la posible expulsión de Quintana y Cuevas de la Cámara Baja, Mario Paz dijo que lo que corresponde en estos momentos es hacer lo que hicieron en el Senado, donde ya varios legisladores fueron destituidos. “La investidura representa una carga de situaciones objetivas y subjetivas que deben ser finalmente refrendadas por la credibilidad. La manera de afincar la credibilidad es someter al escrutinio público si deben o no continuar en la Cámara”, declaró el ex senador.
Respecto a los permisos que conceden los legisladores en casos como los de ambos diputados presos, aseveró que son mecanismos que apuntan a dilatar la toma de una decisión definitiva.
Constitucional. Por otro lado, el analista y abogado Hugo Estigarribia se refirió a la discusión que existe sobre la constitucionalidad de la prisión de Miguel Cuevas y Ulises Quintana. “Se discute si está bien que hayan sido detenidos, porque la Constitución establece claramente que serán detenidos cuando hay flagrancia. Pero resulta que la detención de ellos se da en el marco de un proceso penal, que tiene como norma el Código Procesal Penal (CPP). El CPP no ha sido impugnado de inconstitucional por estos legisladores afectados”, precisó Estigarribia.
Reiteró que para que la prisión de ambos sea inconstitucional, el CPP debe ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Sus abogados, probablemente como estrategia procesal, deberían haber planteado la inconstitucionalidad del CPP (...). Mientras la norma no sea declarada inconstitucional por la CSJ, la norma rige”, insistió el jurista.
A su vez, Mario Paz Castaing opinó que aunque se discute la legitimidad de la prisión preventiva, entiende que la aplicación del artículo 199 de la Constitución, De las inmunidades, se refiere a cuestiones “orientadas a la tarea que le corresponde al legislador en el Congreso, a la libertad de opinión”. “Eso es lo que se defiende históricamente. Podrán venir otras interpretaciones, pero para mí no me cabe duda que tampoco se puede trabajar desde la impurocracia. Se han corroído fuertemente las estructuras institucionales de nuestra democracia”, lamentó.
(Casos como los de Cuevas y Quintana) contribuyen a que cada vez la gente crea menos en la política.
Mario Paz Castaing,
analista político.
La prisión (de Miguel Cuevas y Ulises Quintana) es constitucional mientras la Corte no declare lo contrario.
Hugo Estigarribia,
abogado y ex senador.
Lo que dice la Carta Magna sobre los permisos y las inmunidades
La Constitución Nacional (CN) genera debates entre quienes señalan que Miguel Cuevas y Ulises Quintana deben ser expulsados o no de la Cámara Baja. Por un lado, son inocentes hasta que exista condena (artículo 17). Además, el artículo 191, De las inmunidades, establece en sus primeras líneas: “Ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún senador o diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal”. Este texto de la ley madre pone en tela de juicio la prisión de los legisladores. Sin embargo, la detención fue en el marco de un proceso penal, con el Código Procesal Penal como norma que no fue cuestionada.
Por otro lado, se pretende “dar permiso” a los legisladores mientras guardan reclusión, cuando el artículo 199 de la Constitución señala taxativamente que los permisos son solamente para “aceptar cargos de ministro o de diplomático”.
Finalmente, ambos legisladores están acusados por tráfico de influencias, y una de las causales de pérdida de investidura, según el artículo 201 de la CN, es el “uso indebido de influencias”.
