La directora de Derechos Humanos de la Fiscalía, Alejandra Peralta, aseguró ayer que no existe ninguna contradicción entre la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Arrom-Martí y que el Estado cumplió todos los plazos procesales desde la admisión de la demanda planteada por los hoy refugiados en el Brasil. Expresó que Paraguay luego de que no se haya llegado a una conciliación amistosa con la parte demandante, respondió el análisis de fondo en el 2011 y a partir de ahí el caso quedó en cancha de la CIDH para que emita su informe de fondo de modo a terminar con el procedimiento.
Es decir, desde el 2011 hasta el 2017, la CIDH no elevó ningún informe. La propia CIDH envió unas fotocopias del caso en el 2017 para que Paraguay emita sus observaciones en el plazo de 1 mes, con 600 páginas para leer, entre ellas recortes periodísticos y el libro de Cristina Arrom. “Pero eso ya no afecta al fondo de la cuestión, Paraguay podía o no responder. Lo que quisieron instalar es que el Gobierno dejó en indefensión al Estado, y nunca se le dejó en indefensión, y en el informe de la CIDH ponen eso de que no se respondió para tirarnos la culpa, pero son ellos los que tuvieron 15 años el proceso”, indicó.
“No nos estamos contradiciendo, simplemente nos estamos complementando, el procurador dijo que va a analizar si en el 2017 se respondió eso, pero no se le dejó en indefensión, eso ya no forma parte de la cuestión de fondo”, alegó.
“Desde un principio intentaron sembrar dudas sobre el trabajo de la defensa del Estado. Recuerdo que hasta se llegó a dudar que Arrom y Martí hayan pedido los 63 millones de dólares”, dijo.
