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Desirée Masi critica al defensor del Pueblo y dice que merece juicio político

La senadora Desirée Masi criticó al defensor del Pueblo, Miguel Godoy, por el ambiente de crispación generado tras la divulgación de la reglamentación interna de la Ley 4013/10, de objeción de conciencia. Pidió a la gente no pagar nada y dijo que Godoy se merece un juicio político.

Decenas de personas volvieron a formar largas filas frente a las oficinas de Objeción de Conciencia de la Defensoría del Pueblo en Asunción y el interior del país, mientras reina la confusión sobre lo que pasará con quienes no realizaron el servicio militar obligatorio ni se declararon objetores de conciencia.

La senadora Desirée Masi indicó que la mala comunicación, tanto de militares como de la Defensoría confundió a la gente. "El que vino a descomponer esto es el defensor. El defensor del Pueblo se merece hace rato un juicio político, porque es la manera de destituirlo, por un montón de cosas que hace y que no hace. El defensor es el que vino a crear toda una crispación y confunde un montón de leyes”, aseveró.

La legisladora también denunció que algunos jóvenes ya están pagando coimas para obtener el carnet de objeción de conciencia y llamó a la calma, solicitando que no se pague nada hasta que se defina qué pasará.

Masi dijo que tanto el SMO como la objeción de conciencia tienen rango constitucional. Añadió que, si una persona quiere servir a la patria dentro de los cuarteles, lo puede hacer y, si no quiere ir al cuartel, puede hacer un servicio comunitario, tras declararse objetor de conciencia.

Mientras que la Ley 560/75 reglamenta el servicio militar obligatorio, la Ley 4013/10, reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. En ambas normativas se establecen sanciones para quienes las incumplan.

Desde el Poder Ejecutivo, tanto el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, aclararon que no habrá arreos ni se aplicarán multas a quienes incumplan la ley del servicio militar obligatorio.

Entretanto, por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, hasta el momento, el único que realiza declaraciones es el defensor del Pueblo, quien cada vez que habla con los medios de prensa da versiones diferentes sobre la entrada en vigencia de la reglamentación sobre la ley de objeción de conciencia y las multas que deben ser abonadas, así como quiénes deben pagar.

Problemas de cupos

La senadora del Partido Democrático Progresista (PDP) explicó que uno de los problemas que impiden cumplir con el SMO se origina con los denominados excedentes, es decir, cuando la cantidad de personas interesadas en cumplir el SMO supera el cupo aprobado anualmente dentro del Presupuesto General de la Nación.

“Porque el problema no es capacidad física, porque los cuarteles todos vemos, pero los chicos necesitan instructores, tiene que haber alimentos, agua y se les paga también y el cupo es de 4.000 y algo”, expresó en contacto con radio 1020 AM.

Agregó que, una vez superado el número de 4.000 inscriptos, todos los demás anotados para el SMO deben abonar una tasa militar. La legisladora cuestionó que se pretenda cobrar a quienes no son admitidos en las Fuerzas Armadas debido a la falta de cupos.

“Ahora vamos a responsabilizarnos todos: Si el Estado no da las condiciones y el "Estado" crea excedentes/infractores, ¿cómo el Estado va a querer meter la mano en el bolsillo?”, se preguntó.

Confusión sobre la objeción de conciencia

Masi lamentó que el defensor del Pueblo genere más confusión sobre el tema. Indicó que, si bien Miguel Godoy realizó gestiones para conformar el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que se encarga de reglamentar la Ley 4013/10, recordó que aún no se cuenta con una normativa que especifique cómo se realizará el servicio comunitario, civil o sustitutivo.

“Entonces, en ambas partes (desde el lado de las Fuerzas Armadas y de la Defensoría del Pueblo) uno dice el Estado solo tiene un fin recaudatorio, porque si no se cumple ni una cosa ni la otra por qué el ciudadano va a tener que pagar”, cuestionó.

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Consultada sobre si la Ley 569/75 está derogada, la legisladora indicó que el único artículo derogado de esta norma es el 48, que exigía a los escribanos y notarios que antes de hacer trámites judiciales le pidieran a las personas que exhiban su libreta de enrolamiento o su baja.

Recordó que la Ley 569/75, incluso, establece penas para el empleador que contrate a una persona que no cumplió con el SMO.

Añadió que en la normativa del servicio militar obligatorio no se habla de no renovar pasaporte si se incumple con la normativa, y que en el artículo 26 se indica que todo ciudadano comprendido entre las edades de 17 años a 50 años de edad que viaje al exterior deberá exhibir en el consulado su constancia de enrolamiento, boleta de aplazamiento o libreta de baja, sin cuyo requisito las sedes diplomáticas no le otorgarán ninguna clase de facilidades.

Recordó que su bancada presentó un proyecto de ley para eliminar el cobro de multas establecidas, tanto en la Ley 569/75 como en la Ley 4013/10.

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"Todos esos artículos queremos derogar. Obviamente, no podemos derogar el servicio militar como está, porque figura en la Constitución; pero multas, penas, infracciones, quitamos (en el proyecto de ley). ¿Dónde se metió lo del pasaporte? En la reglamentación de la ley de objeción de conciencia, donde ponen que para tener pasaporte tenés que exhibir tu carnet”, explicó.

Masi refirió que, si bien desde la Defensoría del Pueblo se habla de habilitar una cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF), primero debe tener la autorización del Ministerio de Hacienda para ello.

Agregó que, para poder hacer uso de lo recaudado, el Congreso Nacional debe autorizar, vía ampliación presupuestaria, el crédito presupuestario de ingresos y gastos.

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