Miles de hongkoneses regresaron este domingo a las calles para participar en una marcha no autorizada contra el Gobierno local en la que los más radicales optaron de nuevo por bloquear carreteras, prender hogueras y lanzar cócteles molotov a comisarías.
El parlamentario finlandés Jari Ronkainen criticó la decisión de su país de otorgar el refugio político a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. La ONU, a través de su agencia para refugiados, ayudó con la huida de los tres que son considerados prófugos de la Justicia paraguaya.
El Gobierno argentino recibió este viernes las cartas credenciales de Elisa Trotta, representante diplomática enviada a Buenos Aires por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, e hizo oficial su reconocimiento como embajadora del país caribeño, informó Cancillería a través de un comunicado.
El desalojo de unas 1.000 familias de un inmueble ubicado en la compañía Itapuamí, ciudad de Luque, concluyó pacíficamente, tras momentos de tensión y amenazas de enfrentamientos. Del operativo participaron alrededor de 1.200 efectivos policiales.
Una gran cantidad de ciudadanos, de diferentes puntos del país, participaron este viernes de un conversatorio denominado Activismo Ciudadano en la Lucha contra la Corrupción, organizado por el Centro de Estudios Judiciales y la Comisión Escrache.
La abogada Sonia Von Leppel denunció que fue detenida por agentes de la Comisaría 15 Metropolitana por no presentar su cédula. Indicó que los policías pidieron su identificación sin argumentar una orden de trabajo, ni fundamentar el porqué de la solicitud.
La Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría al caso de suspensión de la ejecución de la pena a un hombre condenado por el abuso de su hijastra desde que ella tenía 7 años. A esta medida se suma la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Venezuela se convirtió este viernes en el primer país latinoamericano para el que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creará una comisión que investigará los presuntos abusos del Gobierno.
Para la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) la suspensión del protocolo de desalojo no hace más que profundizar la violencia y criminalizar a los ocupantes de tierras. A su vez, los campesinos piden una mesa de trabajo para negociar reubicaciones y evitar las peores consecuencias en los procedimientos.
