Fue como llevar la final del campeonato de la liga caaguaceña a la Champions League, en su cancha y bajo la fiscalización de sus árbitros. Y, como era de esperarse, el espectáculo fue lamentable.
A medida que avanzaba el partido, ambos equipos iban desnudando sus miserias; la pobre preparación física de los jugadores, la falta de estrategia, la tendencia a pasar por alto las reglas del juego –por viveza o ignorancia– y la esperanza de que el árbitro se incline a favor de uno por presión de la hinchada o del otro por cuestiones ideológicas.
Así nos fue en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado paraguayo está siendo juzgado bajo la acusación de autorizar, consentir o hacer la vista gorda ante el presunto secuestro y tortura de los secuestradores Juan Arrom y Anuncio Martí.
Llegamos a esa instancia con el espíritu de los hinchas alcoholizados de un partido barrial.
De entrada, la mayoría nunca entendió qué es lo que se iba a juzgar, no le cuadraba que dos sospechosos de secuestro acusaran al Estado de haberles secuestrado, y se preguntaba, indignada, por qué esa corte de zurdos se preocupa más de los derechos de los victimarios que de las víctimas.
No es culpa nuestra. Nunca nos enseñaron que cuando un privado violenta nuestros derechos es el Estado (Policía, Fiscalía, Poder Judicial) el que debe defendernos; pero que, cuando el agresor es el propio Estado, la única alternativa son instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones supranacionales creadas por los mismos Estados para defendernos cuando sus administradores se pasan de rosca.
La hinchada no sabía pues que esa Corte no puede juzgar si Arrom y Martí son secuestradores, solo si el Estado paraguayo los secuestró y torturó a ellos, o si investigó seriamente si tal cosa sucedió. Y eso es lo que se está juzgando en Costa Rica.
Sobre la base del desconocimiento y los prejuicios, sin embargo, la hinchada esperaba ver a unos árbitros pitando groseramente en favor de los secuestradores. Y se dio de narices cuando descubrió a estos agudos cuestionadores a los que claramente les interesa saber qué pasó y por qué, no qué creemos unos y otros qué pasó, o qué querríamos que haya pasado.
Y lo que esos árbitros desnudaron con sus preguntas basadas en la lógica pura del derecho es lo que ya sabíamos; que a nivel local, la Justicia sigue jugando partidos de barrio en los que las reglas se aplican o no, según el juez, el fiscal, los acusados, los demandantes y hasta la coyuntura política; y que la mediocridad y la corrupción siguen siendo la constante.
Los jueces revelaron tanto las chapucerías de los demandantes y sus absurdas y simbólicas pretensiones, como las torpezas de los representantes del demandado; y, de paso, las debilidades de un servicio de Justicia que hace agua por todos lados.
No sé cuál será el fallo, pero lo que dejó en claro hasta ahora el juicio en Costa Rica es que en términos de justicia seguimos siendo un lastimoso equipo de barrio.
