Además, implicaba otro tipo de sanciones, en el caso de no abonar dicha multa, como impedimentos para realizar trámites en Identificaciones, Tributación, entre otros.
El luguista Hugo Richer consideró prudente aceptar la objeción del Ejecutivo, por todas las implicancias.
“40.000 guaraníes es el precio de una o dos cervezas que toman después de un clásico, y es cada cinco años”, sostuvo Riera, quien insistió en que se rechace el veto.
“Incluir cuestiones como suspensión de Tekoporã, emisión de pasaportes, antecedentes judiciales, no fue lo más oportuno”, indicó Stephan Rasmussen, de Patria Querida. Enfatizó que está vigente en el Código Electoral la multa de medio jornal.
“A todas luces, viola las más elementales cuestiones de derechos humanos”, señaló el liberal Eusebio Ramón Ayala, cuestionando el proyecto.
A su criterio, es exagerada y violatoria de la Constitución Nacional porque “restringe derechos consagrados”. Sostuvo que sería un retroceso si quedaba vigente.
El liberal Daniel Rojas dijo que los que no votan son los indiferentes, los rebeldes y los que alquilan sus cédulas, y los calificó de “irresponsables”.
La progresista Desirée Masi sugirió hacer una autocrítica, y trabajar en mejorar la oferta electoral, ya que hay muchos factores en juego. “La oferta no es atractiva, o por lo menos no fue atractiva. Esa es una causa”, sentenció.