Con un total de 35 votos a favor y solo uno en contra, los senadores volvieron a enviar a comisión el proyecto de ley que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y Servicio Civil, con lo cual dejaron en manos de los futuros legisladores la resolución de un tema que preocupa en el ámbito económico.
La polémica iniciativa prevé básicamente que los jubilados ganen el mismo salario que los empleados en actividad. De esta manera, un director que se jubiló en el 2002 con un salario de G. 3 millones pasaría a percibir G. 13 millones, como equivalente a lo que gana el mismo cargo en la actualidad, por citar un ejemplo.
El asunto no es bien visto por el Ministerio de Hacienda, cartera que solicitó al Senado archivar la propuesta y advirtió públicamente sobre los riesgos de su aprobación. Con lo resuelto ayer por el Senado, el conflicto del proyecto de ley pasa a incorporarse al lote de las granadas que las siguientes autoridades deben desactivar para cuidar la economía.
DEUDA E INTERESES. Además de la difícil situación de la Caja Fiscal, otro punto a enfrentar es la creciente deuda pública de nuestro país, que en la actualidad se ubica en una equivalencia de 34% respecto al producto interno bruto (PIB) y se posiciona en los techos recomendados por organismos internacionales.
Adicionalmente, se deberá gestionar el aumento que se viene dando el servicio de la deuda externa.
El pago de interés creció 20% al cierre del primer cuatrimestre y en el próximo periodo de gobierno habrá dos vencimientos de bonos soberanos, en 2026 y 2027, de emisiones por un valor de más de USD 1.000 millones, según los registros.
Control del déficit fiscal, otro gran desafío
El cumplimiento de la meta de déficit fiscal para el cierre del presente año, establecido en 2,3% del producto interno bruto (PIB), será uno de los desafíos principales a los cuales deberá hacer frente el próximo gobierno del presidente electo Santiago Peña, según lo que consideran representantes de la calificadora Fitch. En ese sentido, resalta que el déficit fiscal anualizado se ubica actualmente en la referencia de 3,5% del PIB, según el Ministerio de Hacienda. No obstante, la calificadora también percibe un compromiso de las nuevas autoridades para volver al techo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.
