Editorial

Defender el trabajo en tiempos del Covid-19 debe ser prioridad

El 1 de mayo, Día del Trabajador, llegó en un momento en el que el principal medio de vida de las personas está en riesgo. La cuarentena que estamos viviendo y la posible flexibilización manteniendo el distanciamiento social durante los próximos meses tendrán como consecuencia la pérdida de muchos empleos y la reducción de los ingresos laborales, generando pobreza y pérdida de calidad de vida en los hogares. El Gobierno debe implementar medidas para mitigar el impacto y lograr una recuperación económica lo más rápido posible. Estas medidas deben estar justificadas con argumentos técnicos y libres de cualquier influencia que no busque beneficiar de manera directa a los trabajadores.

El trabajo remunerado es la principal fuente de ingresos de los hogares paraguayos, dando cuenta de la relevancia que tiene para el bienestar de la población.

A pesar de ello, este aspecto nunca fue prioridad para el Estado. No hay políticas laborales, solo una mínima parte de la población accede a la seguridad social, la capacitación para el trabajo tiene baja cobertura y es de mala calidad y no hay políticas dirigidas al trabajo independiente ni a las mipymes, que son las que mayor cantidad de empleos generan.

El desinterés estatal por el trabajo y su calidad puede verse de muchas formas y tomó una gran visibilidad con la pandemia. A pesar de que los trabajadores están en todas partes, el Gobierno necesitó semanas de esfuerzo para otorgarles un mínimo subsidio para que puedan proveerse de productos alimenticios básicos.

Mientras los países desarrollados pudieron implementar en pocos días las acciones que permitieron garantizar una cuarentena digna, Paraguay ni siquiera sabía dónde estaban y cómo llegar a ellos. La mayor parte de estos países utilizaron sus sistemas de protección social, ya que cualquier Estado que tenga como objetivo garantizar un mínimo nivel de bienestar y seguridad económica de su población tiene mecanismos inclusivos, independientemente del tipo de ocupación.

El problema fundamental y lo que nos diferencia de otros países es el alto nivel de exclusión de la seguridad social en Paraguay y, junto con los bajos niveles de ingresos, muestra la mala calidad del trabajo.

El abandono de la cuestión laboral tiene como una de sus peores señales la ausencia de una institucionalidad fuerte. Uno de los últimos ministerios creados fue el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), siendo además uno de los de menor presupuesto. La otra señal importante es la baja cobertura del Instituto de Previsión Social, con apenas el 20%.

El 65% de las personas ocupadas son informales, a lo que se agrega que esta población apenas logra un ingreso equivalente al mínimo, que sabemos que no garantiza un nivel de vida digno. Alrededor de 400.000 niños, niñas y adolescentes trabajan en abierta violación de las normas nacionales e internacionales; mientras que la mitad de las mujeres no logran conseguir un trabajo que les permita su autonomía económica.

Las mipymes, a pesar de ser las que generan la mayor proporción de empleo, no cuentan con políticas públicas. La mayor parte de los incentivos fiscales y de los programas públicos benefician más a las grandes empresas.

Esperemos que la crisis generada por el coronavirus tenga al menos el efecto positivo de iniciar la implementación de políticas que impulsen mejoras sustanciales del mercado laboral, buscando aumentar los niveles de ingresos y la seguridad social de los trabajadores, especialmente de jóvenes y mujeres, promover el fortalecimiento y una mayor productividad de las mipymes, eliminar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente. Estos deberían ser los objetos primordiales de las instituciones que tienen competencia en la calidad del empleo en Paraguay.

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