Existen casos que siguen abiertos para la Justicia, debido a que sus cabecillas continúan cómodamente prófugos sin ser llamativamente molestados. Las órdenes emitidas desde los juzgados y la Fiscalía para la aprehensión de los encausados deben ser cumplidas por la Policía Nacional. Empero, pasan los años en varias de las causas y los involucrados continúan tan campantes en la clandestinidad, al final de cuentas, libres, con personajes que en su momento aparecieron vinculados a esferas políticas y bajo la sospecha de que esta conexión les proporcionaría protección.
En nuestro país está demostrado que el crimen organizado inficionó la política y otros estamentos de la sociedad y no es raro que un sospechado esté ligado a los partidos tradicionales.
Un caso emblemático y que no tiene una respuesta concreta de la Policía es el que concierne a la prófuga Dalia López. Esta causa puso al descubierto un esquema para falsear pasaportes y cédulas y sigue escondida desde hace tres años. No se puede desconocer lo que dijo en setiembre de 2021, el fiscal antidrogas Marcelo Pecci, asesinado en Colombia:“(...) El poder de la misma (de Dalia López) es tan grande que la Policía no está pudiendo encontrarla, a pesar del esfuerzo que se haga”.
En un acto realizado en setiembre del 2019 en San Juan del Ñeembucú, Dalia López y Mario Abdo se dieron un efusivo abrazo, obviamente antes de que saltara el escándalo. Se la vio a la mujer desplazándose con autoridad en aquella ocasión y con el beneplácito de los asistentes por su presencia.
Dalia tiene orden de captura internacional. Pese al código rojo, no aparece en la plataforma pública de Interpol, entre los más buscados. López está imputada por producción de cédulas y pasaportes falsos con los cuales cayó Ronaldinho.
En el caso A Ultranza Py, en el que se investiga lavado de dinero y tráfico de drogas, entre los prófugos se encuentra el pastor José Insfrán, que en su momento apareció como precandidato del oficialismo colorado a la gobernación de Canindeyú. Se mostró en reuniones con el presidente Abdo (en noviembre del 2021) y con el vicepresidente Hugo Velázquez (en octubre del 2021), aunque finalmente la postulación recayó en otra figura, debido a que no renunció como pastor.
Los procedimientos en A Ultranza Py se realizaron en febrero del año pasado y desde aquella fecha el pastor, entre otros involucrados, no es capturado, aunque el caso A Ultranza Py es uno de los operativos más ponderados por el Gobierno por la estructura que se desbarató. Pero no pueden atrapar al esquivo pastor y a su hermano Miguel, alias Tío Rico. José Insfrán tenía un nexo directo con el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio, detenido en marzo del año pasado por vínculos con el narcotráfico. Con relación a Sebastián Marset, uno de los cabecillas, se denunció que por negligencia del fiscal Lorenzo Lezcano (ex ministro del Interior de la era Cartes) pudo evadirse de la Justicia paraguaya. Marset tenía vínculos con el diputado cartista Erico Galeano.
La Policía, con el apoyo de otros órganos de seguridad e investigación, debe dar señales, para aprehender a los prófugos, más aún cuando se trata de causas que tienen gran visibilidad.
Las pesquisas en general y las tareas de inteligencia en particular ya deben dar sus frutos para la captura de Dalia, de integrantes del clan Insfrán y de otros, aunque no se ven procedimientos o allanamientos. Igualmente, la comunicación con policías de otros países ante la posibilidad de que estén afuera, debe hacerse con frecuencia.
Las dependencias de seguridad e investigación tienen que insistir en la captura de los prófugos por los diversos delitos para que comparezcan ante la Justicia a los efectos de enfrentar las imputaciones.
