28 mar. 2024

Debate sobre la propiedad y DDHH originó cruce entre Zavala y el FG

Bancada. Stephan Rassmussen y Fidel Zavala, parlamentarios de Patria Querida, durante  la sesión del Senado ayer.

Bancada. Stephan Rassmussen y Fidel Zavala, parlamentarios de Patria Querida, durante la sesión del Senado ayer.

Integrantes de la bancada de Patria Querida y del Frente Guasu volvieron a tener un duro cruce ayer durante la discusión en la sesión del Senado de un proyecto de resolución presentado por los luguistas y que instaba a que el Estado no tome un rol de represor en circunstancias particulares, como el desalojo, y opte por respetar los derechos básicos de las personas.

En medio del debate se mezclaron varios temas. Tal es así que el senador Fidel Zavala insinuó que a los luguistas les incomoda la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta que se desenvuelve en el Norte y a esto los del FG respondieron que Zavala representa a la oligarquía que repite el libreto de “seguridad” del Gobierno.

El proyecto de resolución del FG planteaba instar al Ejecutivo a que garantice la seguridad interna respetando el orden constitucional, poniendo fuerte énfasis en la reprobación de los desalojos violentos. Además cuestionaba la intención del Ejecutivo de integrar a las Fuerzas Armadas al combate contra el crimen organizado.

En medio de la discusión, Zavala criticó a sus colegas del FG a quienes acusó de resistirse a la política de seguridad gubernamental. “El objetivo de todo esto es instalar falsedades de violación de derechos humanos similar a la época de la dictadura. Respeto mucho el trabajo que viene haciendo la izquierda con su discurso populista y ordenado, concatenado y organizado”, dijo.

Trajo a colación que el pedido de Frente Guasu viene con otro que ataca la existencia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que opera en el Norte para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo que había secuestrado al senador del PPQ.

Luego de exponer una serie de avances desde la creación del grupo compuesto por policías y militares, de nuevo Zavala hizo alusión a sus colegas del Frente Guasu, quienes cuestionan desde hace tiempo el accionar de la FTC. “No será que les está molestando todo esto a esta gente”, dijo Zavala.

De inmediato pidió la palabra la senadora Esperanza Martínez, quien respondió diciendo que en el periodo anterior ya todos los integrantes de su sector se pusieron a disposición de la Fiscalía porque ciertos sectores señalaban su supuesta relación con “secuestros y cosas similares”, lo cual nunca se pudo comprobar, según expresó.

“Se fue la dictadura, pero desde el 92 hubo un contrato social de la oligarquía de descampesinizar el campo, así como despojar a los indígenas de sus tierras. Estamos orgullosos de denunciar y hacer lo que hacemos y quién se cree (Zavala) para venir a cuestionar si la propiedad privada está siendo defendida o no, si el fondo es saber a quién pertenecen las tierras. Por eso, estos protocolos han sido una excusa de alguna manera de deslegitimizar una invasión, y a través de esta llevar al ámbito penal y evitar lo que dice la Constitución en caso de dudas sobre la propiedad, de llevar a un juez y que este resuelva”, sostuvo.

El senador liberal Víctor Ríos instó a su colega del FG a que deje de “criminalizar con el discurso”. “El mismo discurso se dio en el proceso colombiano, estigmatizando, y Colombia está así. Con ese discurso, los otros compañeros pueden decir que ellos (los de Patria Querida) están de acuerdo con las ejecuciones extrajudiciales, so pretexto de la lucha contra el terrorismo, con los falsos positivos”, dijo.

El senador Sixto Pereira invitó a su colega Zavala a que deje de leer “el copiatín” que le prepara el gobierno.

Las diferencias de modelos, perspectivas e ideologías entre ambos sectores solaparon la discusión del proyecto de resolución del FG, en cuyo acápite encerraba la intención de instar a que se garantice la seguridad interna con base en el orden constitucional y los convenios sobre DDHH.

El documento que se rechazó mencionaba varios instrumentos jurídicos que el Estado deja de lado al privilegiar el “plan de acción para hechos punibles de invasión”, acuerdo al que arribaron el Ministerio del Interior, Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

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