Nada de esto parece fuera de lo percibido por la población. Casi diariamente la prensa informa acerca de adquisiciones sobrefacturadas, incumplimientos de contratos por parte de las empresas proveedoras del sector público, baja calidad de las obras, contrataciones de funcionarios públicos sin las capacidades necesarias, pagos de salarios y otros beneficios sin criterios relacionados con procesos meritocráticos o con resultados de la gestión.
Sin embargo, esos hechos son solo las consecuencias o los hechos más visibles. Detrás de estos problemas están la corrupción pública y privada, el prebendarismo, el tráfico de influencias, la puerta giratoria, la colusión y la ausencia de una carrera del servicio civil. Algunos de estos problemas son delitos que generalmente quedan sin ser penalizados; por lo tanto, como causa primera se encuentra la impunidad.
El mal funcionamiento de la Justicia, y, por ende, del Poder Judicial, constituye una de las principales razones por las cuales el gasto público tiene bajos niveles de calidad. Mientras queden sin castigo las violaciones a las normas que regulan las contrataciones públicas será más barato, tanto para el sector privado como para el sector público, delinquir. El incumplimiento de las especificaciones técnicas o de los contratos se refleja en medicamentos, útiles, rutas o escuelas de mala calidad o sencillamente en la ausencia de los servicios. Uno de los peores ejemplos es el Metrobús.
Las empresas ganadoras de las licitaciones tienen vínculos con el poder, ya que sus propietarios son políticos o bien son empresarios que financian campañas y se devuelven los favores a través de contratos. En otros casos, logran salir gananciosos en los procesos de adquisiciones públicas por la vía del tráfico de influencia o la colusión. La puerta giratoria o, lo que es lo mismo, altas autoridades provenientes del sector privado entran al sector público para beneficiar a su sector, o, en el peor de los casos, a su propia empresa, y cuando salen se van con información privilegiada.
La falta de carrera del servicio civil y, en consecuencia, de un sistema de remuneraciones vinculado a las capacidades, competencias y resultados, afecta el compromiso en la gestión pública. Los funcionarios públicos no tienen incentivos para ejercer sus labores con responsabilidad y, al permanecer vulnerables al político de turno, están más preocupados en proteger su cargo que en cumplir con los planes y programas institucionales.
Así, una multiplicidad de factores que se alimentan unos a otros terminan construyendo círculo vicioso que las autoridades no están dispuestas a romper. Las acciones son relativamente sencillas de implementar. En la mayoría de los casos existen la normativa necesaria, la evidencia sobre las mejores prácticas a nivel nacional e internacional e incluso intervenciones que ya han sido implementadas exitosamente en nuestro país. Solo falta la voluntad de las autoridades tanto del Poder Ejecutivo como Judicial.
