Opinión

De cretinos y filibusteros

Luis Bareiro Por Luis Bareiro
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Dicen que el diablo está en los detalles. Algo parecido ocurre con el Presupuesto público. Hay rubros que en el global no tienen mayor peso, gastos que pueden pasar desapercibidos, pero que, cuando los analizamos con mayor detalle, nos muestran el peor rostro de nuestros representantes; su lado mefistofélico, cuando abusan del cargo para tomar decisiones que nos hagan sentir ciudadanos de segunda, parias obligados a financiar la buena vida de nuestros amos políticos.

Voy a dar dos ejemplos concretos que se colaron en el Presupuesto para el año próximo. El primero es un viejo privilegio que resucitó apenas bajamos la guardia. Volvieron a incluir un rubro para combustibles en Diputados. ¿Cuál podría ser la justificación para esta prerrogativa pecuniaria? ¿Qué los diputados son del interior y necesitan movilizarse?

¿Por qué si a un maestro rural, al que el Estado le paga poco más de un salario mínimo, ni siquiera le cubrimos los pasajes en colectivo, deberíamos facilitarles tres millones y medio de guaraníes por mes para comprar combustible a un diputado que gana alrededor de doce salarios mínimos? ¿Acaso no está contemplado ya en su generosa paga cualquier gasto que deba realizar para cumplir con sus funciones legislativas?

A mi empleador le importa nada cuánto gasto yo para llegar hasta mi lugar de trabajo. Me paga por el trabajo. Soy yo quien debo organizar mi presupuesto para estar en tiempo y forma donde debo trabajar. Los diputados sesionan con suerte una vez a la semana, si hay cuórum. Llegan a la hora que les viene en gana. Salvo una honrosa minoría que se desloma trabajando en los proyectos de ley importantes, el grueso se rasca el ombligo y como mucho levanta la mano para votar según las precisas instrucciones que reciben del líder de bancada, del financista de turno o de acuerdo con intereses particulares suyos.

Hoy, con la pandemia, la mayoría participa –si lo hace– desde su casa. Pero, desde el año que viene cobrarán igual, religiosamente, su cupo de combustible. A excepción siempre de la misma honrosa minoría integrada principalmente por opositores que renuncian voluntariamente a estas prebendas miserables.

Otro ejemplo se registra en la legislatura municipal de Asunción. Solo que en este caso las canonjías inventadas desde la clase política tienen un impacto superlativo en las finanzas públicas.

Me explico. Sabemos que la única función de un concejal es legislar a través de ordenanzas municipales, fiscalizar al Ejecutivo comunal y aprobar el presupuesto. Es razonable que un buen concejal cuente con uno o dos o incluso tres asistentes para realizar su trabajo, y que el cuerpo legislativo tenga asesores económicos y jurídicos.

Pero, la Junta Municipal de Asunción, por ejemplo, tiene ¡1.300! funcionarios. No estamos hablando de los operativos y administrativos del Ejecutivo municipal, que son más de nueve mil; nos referimos exclusivamente a los que deambulan por las oficinas de la Junta Municipal, los que traen y llevan papeles, hacen fotocopias o ceban tereré.

Para dimensionar este disparate vale la pena recordar que dos tercios de los trabajadores formales paraguayos laboran en micro, medianas y pequeñas empresas, firmas que tienen entre cinco y quince empleados. Esto quiere decir que para funcionar una empresa paraguaya promedio necesita alrededor de diez trabajadores. Para hacer su trabajo legislativo, un concejal de Asunción requiere en teoría 54 funcionarios. O, cuanto menos, esa es la conclusión a la que arribamos si consideramos el total de contratados. Los asuncenos pagan con sus impuestos por cada concejal una nómina con la que podrían estar operando cinco empresas medianas o diez pequeñas.

Estos números nos dicen más acerca del objetivo real de la mayoría de los políticos que acceden a los cargos electivos que cualquiera de sus discursos. Un diputado que pretenda convencernos de que es justo que le paguemos el combustible, o un concejal que defienda a su medio centenar de asistentes es un filibustero que tomó el bergantín del Estado para hacerse con nuestros impuestos como botín político. Y los cretinos que los seguimos votando somos nosotros.

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