Miembros de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, junto con los líderes de las bancadas de los partidos políticos, llevaron a cabo una reunión en la que se tomaron cuatro decisiones en torno a la crisis generada por las investigaciones sobre tráfico de influencia y otros ilícitos que afectan a los parlamentarios.
El primer punto comunicado por el presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, fue que “todos los pedidos de desafuero serán atendidos de manera favorable para que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan su rol constitucional de investigar y juzgar a los procesados”.
En ese sentido, la diputada colorada Jazmín Narváez (Central) aseguró que este miércoles se dará entrada al pedido de desafuero del diputado Ulises Quintana en la Comisión de Asuntos Constitucionales y la próxima semana se tendría el dictamen al respecto, para su tratamiento en el pleno.
En cuanto a la segunda determinación, concerniente a la pérdida de investidura, “no existe unanimidad”, por lo que seguirá el debate y se trabajará en el proceso de institucionalización y reglamentación de esta figura prevista en el Artículo 201 de la Constitución Nacional.
Como tercer tema se resolvió elaborar una agenda parlamentaria sobre temas como presupuesto, educación, salud, trabajo y seguridad, que fueron postergados por “la crisis institucional”.
Finalmente, el cuarto punto refiere que se trabajará por recuperar la respetabilidad y honorabilidad de la Cámara de Diputados.
La respuesta de las autoridades de la Cámara de Diputados tiene que ver con el proceso que afecta Ulises Quintana, diputado de Colorado Añetete que fue imputado luego de salir a la luz su supuesta vinculación con el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho.
Ante esta situación, el juez Rubén Ayala Brun comunicó oficialmente a la Cámara de Diputados sobre el proceso, a fin de que se resuelva el desafuero de Quintana y pueda ser sometido a la Justicia.
Según grabaciones de llamadas telefónicas obtenidas por la Fiscalía, el legislador de Añetete realizó gestiones para “solucionar” la detención de Diego Medina Otazú, secretario de Cucho Cabaña, en Caaguazú, el 28 de agosto pasado, así como la liberación del dinero (USD 190.000) que transportaba, aparentemente en forma irregular.
“Utilizando su investidura de diputado nacional habría ordenado la liberación del vehículo, del ciudadano y de la suma de dinero e igualmente el ocultamiento de fondos de origen ilícito”, señala parte del escrito fiscal.