El abogado Víctor Azuaga recusó a los agentes Jalil Rachid, Liliana Alcaraz y Juliana Jiménez; al primero por haber tenido una relación sentimental con la nieta de Blas N. Riquelme y a las otras por enemistad.
Con ello, finalmente, los magistrados Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero dispusieron la suspensión del juicio oral hasta que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, resuelva las recusaciones planteadas.
Según la recusación, Rachid tuvo vínculos sentimentales con Patricia Riquelme, nieta del ya fallecido Blas N. Riquelme, quien fuera dueño de Campos Morombi, denunciante en el caso.
Además, alega falta de objetividad por parte del agente fiscal de la causa, quien acusó por invasión de inmueble ajeno sin siquiera pedir informe a Registros Públicos, para probar la titularidad del terreno.
Sobre las fiscalas Alcaraz y Juliana Jiménez, alega que son enemigas manifiestas de los defensores, porque, desde el primer día que tomó intervención, las mismas le han amenazado con remitir los antecedentes a la Superintendencia de la Corte.
Pide, finalmente, la separación de los tres fiscales y que se reasigne a un nuevo agente.
Con ello, al no poder estar el agente fiscal, los jueces suspendieron por decimocuarta vez el juicio oral por la matanza.
sumario. Por otro lado, tras la remisión de los antecedentes del juicio oral por la matanza de Curuguaty, la Dirección de Auditoría de Gestión estudió todos los informes del caso.
Así, el director, abogado Mario Elizeche, elevó a la Corte la recomendación de abrir un sumario administrativo tanto para los tres jueces como para los defensores, a raíz de las sucesivas suspensiones del juicio.
Se aconseja el sumario a los jueces Ramón Trinidad, Benito González y Samuel Silvero debido a que no cumplieron con la acordada de la Corte que dispone que los magistrados deben sancionar a los abogados que traban el proceso sin razón.
Con respecto a los abogados defensores, pide la apertura de un sumario administrativo, teniendo en cuenta la cantidad de recursos meramente dilatorios y recusaciones rechazadas que plantearon.
Con todas las presentaciones, en total, desde el inicio, el juicio oral se suspendió ya en 14 ocasiones, y hasta el momento no puede comenzar formalmente.
Ahora, es la Corte Suprema de Justicia la que deberá decidir si abre o no la investigación como recomienda la Dirección de Auditoría de Gestión jurisdiccional, tras estudiar la causa.