EFE
El capítulo IV del informe, conocido como la “lista negra”, señala los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una “atención especial” por parte de este organismo, con sede en Washington.
Cuba y Venezuela repiten en esa lista y República Dominicana sustituye a Guatemala con respecto al informe de 2015.
“En relación con Cuba, las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes en Cuba”, apunta el informe.
A lo anterior, agrega el estudio, “se suma el incremento en las represiones severas y restricciones a defensores y defensoras de derechos humanos y personas disidentes, además de la discriminación y violencia contra personas LGTBI (lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e intersexuales) y la exclusión de la población afrodescendiente, que está subrepresentada en altos cargos del Estado”.
En el caso de Venezuela, la CIDH denuncia que “persisten situaciones estructurales que afectan los derechos humanos” y se ha registrado “un agravamiento” de la situación de la seguridad ciudadana en relación al derecho a la vida e integridad personal y “un deterioro del Estado de Derecho y las instituciones democráticas”.
La comisión también alerta de la vulnerabilidad al derecho a la libertad de expresión, incluyendo la detención arbitraria y el encarcelamiento de opositores, así como de aquellos ciudadanos que “hacen público su disenso con el gobierno”.
El informe también subraya los altos índices de represión en el país caribeño, las restricciones indebidas al ejercicio del derecho a la protesta y los despidos y amenazas a empleados públicos con la pérdida de su cargo si manifiestan opiniones políticas contra el oficialismo.
Respecto a República Dominicana, la CIDH alerta de “la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales”, lo cual ha impactado particularmente en “el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas”.
Para la Comisión esto muestra “los graves desafíos que enfrenta el Estado dominicano en materia de discriminación racial”.
“La privación arbitraria de la nacionalidad y la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas dominicanas de ascendencia haitiana las ha puesto en una situación de desventaja en el goce de algunos de sus derechos humanos, así como en una situación de extrema vulnerabilidad a ser víctimas de violaciones a otros múltiples derechos humanos”, recalca.
