Política

Cuatro aristas giran en el caso Arrom-Martí

 

El caso que involucra a Juan Arrom y Anuncio Martí, refugiados políticos en Brasil tras huir de la Justicia paraguaya acusados del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, tiene cuatro aristas, según explicó el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán.

Señaló que una de ellas es la demanda contra el Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado paraguayo pague un resarcimiento material e inmaterial, caso que está a cargo del procurador general Sergio Coscia.

Mencionó que el fiscal Ricardo Merlo lidera el equipo del Ministerio Público que ayuda a la Procuraduría a preparar la defensa del caso, cuya audiencia está prevista para el 7 de febrero en San José, Costa Rica.

La segunda arista tiene que ver con el tramite para procurar la cancelación del estatus de refugiados del Conare de Brasil. Dicha gestión está a cargo de la Dirección de Asuntos Legales de la Cancillería Nacional, bajo el mando de José Pereira.

SECUESTRO DE MARÍA EDITH. En lo que respecta a la causa denominada De los Santos Saldívar y otros sobre secuestro, que es en relación al plagio de María Edith Bordón de Debernardi, donde son requeridos por la Justicia paraguaya Arrom, Martí y Víctor Antonio Colmán, que es la tercera arista y está a cargo del fiscal Javier Ibarra.

Como cuarto punto está la extradición, que se debe activar si es que se cancela el estatus de refugiado y dicha instancia ya quedará a cargo del fiscal Doldán.

Cabe recordar que María Edith Bordón de Debernardi fue secuestrada el 16 noviembre de 2001, tras 64 días de cautiverio fue liberada luego de un millonario pago por parte de los familiares de la mujer.

En ese lapso, parientes de Arrom y Martí denunciaron la desaparición de los mismos, que eran los principales sospechosos del plagio de María Edith.

El 30 de enero, Arrom y Martí fueron encontrados en una casa donde supuestamente eran retenidos en contra de su voluntad por efectivos policiales y agentes judiciales, que los sometieron a torturas para que reconozcan su participación en el secuestro. Sobre estos hechos, los mismos presentaron la denuncia contra el Estado ante la CIDH.

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