Por la experiencia de otros países donde el virus tiene un mayor periodo de circulación, por su alta facilidad de contagio tiene la potencialidad de afectar a una proporción muy alta de la población de una manera muy rápida. Si bien solo una pequeña proporción de los infectados llega a desarrollar un episodio grave, el número de personas afectadas que requiera de cuidados intensivos puede ser muy elevado, superando por mucho la capacidad del sistema de salud, por lo que la pérdida de vidas humanas puede ser sustancial. De ahí la necesidad de medidas para reducir a cero, si es posible, la interacción entre personas y así minimizar el contagio, el número de casos graves y la pérdida de vidas.
El éxito está en tomar las medidas a tiempo y que la población entienda la gravedad de la situación. Nuestro país se ha destacado en este sentido.
El problema es que el virus ataca y se propaga aprovechándose de nuestro modo de vida moderno y urbano, donde prevalece la aglomeración y una alta interacción social. Acudir a shoppings o a los mercados a comprar; a restaurantes para compartir con familiares, amigos o hacer negocios; acudir a lugares de entretenimiento masivos como cines, teatros, partidos de fútbol; incluso acudir a nuestros lugares de trabajo donde compartimos cercanamente con nuestros compañeros, etc.
Una gran parte de los ingresos de la gente se genera en estas actividades económicas y eso obliga a tomar medidas adicionales económicas que mitiguen el impacto en el empleo, los ingresos y aseguren un mínimo de ingresos para que la población más vulnerable pueda satisfacer sus necesidades básicas, bajo el entendimiento de que circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias.
El Gobierno y las entidades privadas de mayor preponderancia, vienen tomando las decisiones que requiere la coyuntura, en la medida en que avanzan los acontecimientos.
El Banco Central y las entidades bancarias y financieras han determinado la refinanciación de vencimientos de cuotas de préstamos y tarjetas de los próximos meses a las personas y a las pymes, de tal forma en que prioricen el uso de sus pocos ingresos a las necesidades más urgentes. Esto es un gran alivio financiero para todos los más de un millón de deudores del sistema financiero. Algo similar están aplicando las cooperativas a sus asociados.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo estaría presentando al Congreso un proyecto de ley de emergencia, con medidas de alivio financiero que permita a las empresas pequeñas, medianas y grandes; postergar el pago de tasas, impuestos, contribuciones a la seguridad social, servicios públicos y priorizar sus ingresos para sostener los puestos de trabajo y la cadena de pagos con sus proveedores.
En el mismo sentido, el Estado debe cumplir puntillosamente con el pago de salarios, jubilaciones y proveedores. Adicionalmente, se requieren de ingentes recursos en el sector salud, para aumentar su capacidad de atención a los enfermos. Asimismo, y no menos importante, es necesaria la implementación de subsidios focalizados hacia los segmentos más vulnerables de la población, que viven el día a día y dejarán de tener ingreso, así como a los trabajadores que tengan suspensiones laborales o pierdan su empleo.
La pandemia de Covid-19 tendrá un elevado costo para todos, personas y empresas. A través del Estado se puede mitigar en parte. La buena gestión de las finanzas públicas de los últimos 16 años nos permite tener un Estado solvente para enfrentar esta calamidad. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, el costo fiscal de las medidas representaría alrededor del 4% del PIB si logramos controlar la pandemia en 60 días. Hagamos todo lo necesario para lograrlo.