EFE
BUENOS AIRES-ARGENTINA
La ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015), actualmente senadora, se presentará hoy lunes ante el juez Claudio Bonadio para declarar dentro de la investigación de una presunta red de sobornos de empresarios a funcionarios del kirchnerismo.
A través de un mensaje en la red social Twitter, la propia ex mandataria confirmó que acudirá a los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, y pidió por favor a la militancia kirchnerista que no se concentre allí para acompañarla, como en otras ocasiones que ha comparecido ante la Justicia. “Pongamos todo nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellos que lo están pasando muy, pero muy mal, en esta verdadera catástrofe económica y social que es el Gobierno de Mauricio Macri”, solicitó Fernández, quien no reveló si declarará o presentará un escrito ante el juez.
Su comparecencia tendrá lugar dos días antes de que el Senado debata si autoriza a Bonadio a registrar los domicilios y la oficina de la ex presidenta, que cuenta con fueros parlamentarios por integrar la Cámara Alta desde diciembre del 2017.
El objetivo del magistrado es hallar información relacionada con un caso en el que se investiga si Fernández formó parte de una red en la que empresarios supuestamente realizaban sobornos de millones de dólares en efectivo a miembros de su Gobierno y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner (2003-2007).
El caso judicial se abrió a raíz de una investigación del diario La Nación, basada en unos cuadernos escritos por Óscar Centeno, que fue chofer del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.
Este último –que supuestamente coordinaba los pagos que se realizaban a cambio de adjudicaciones de obra pública en ese periodo– está detenido desde el 1 de agosto.
Según la información de ese periódico, otros funcionarios que se encuentran arrestados son el ex director de Energías Renovables de la cartera de Planificación Ezequiel García; Enrique Llorens, ex secretario de ese Ministerio, cuyo titular durante los Gobiernos de Kirchner y Fernández, Julio de Vido, está en prisión preventiva por presunta corrupción desde 2017.
