La mujer con más poder en el país austral entre 2007 y 2015, viuda del también ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007), tendrá que sentarse en el banquillo, en una fecha aún por determinar, junto a, entre otros imputados, quien fuera ministro del área de Obras Públicas, Julio De Vido, y el constructor Lázaro Báez, ambos en prisión preventiva por otras causas.
El juez Julián Ercolini hace así lugar a la posición del fiscal Gerardo Pollicita, quien había pedido abrir el juicio oral de la causa, en la que se investiga el presunto direccionamiento de contratos de obras públicas a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Kirchner y su esposa.
Según el fallo del magistrado, Fernández, en su carácter de presidenta, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad.
La investigación apunta a que se pergeñó un plan en Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los gobiernos kirchneristas. efe