Opinión

Crisis inminente

Existen actualmente realidades preocupantes del sistema previsional de nuestro país que requieren atención de la ciudadanía y las autoridades.

César Barreto Otazú Por César Barreto Otazú

El rotundo fracaso del sistema previsional de nuestro país se refleja en varios datos. Según un estudio de técnicos del BID, presentados recientemente, al año 2020 solo el 14% de las personas mayores de 65 años recibían una jubilación o pensión de alguna de las cajas de jubilaciones contributivas públicas y privadas que tenemos en el país. Su impacto en las condiciones de vida de las personas en este segmento etario está siendo mitigado por el programa de pensión para la tercera edad en situación de pobreza, financiado con impuestos, que al 2020 alcanzó al 40% y que va creciendo cada año con un elevado costo fiscal para la ciudadanía. Cuando observamos los datos de cobertura de aportantes al Instituto de Previsión Social (IPS) con relación a la población económicamente activa ocupada, nos indica que esta realidad no va a cambiar mucho en los próximos años. Los aportantes al IPS representan solo el 38% de su población meta (trabajadores en relación de dependencia del sector privado) y apenas el 20% si consideramos la realidad que incluye una gran proporción de trabajadores por cuenta propia, quienes no están cubiertos por ningún programa de jubilaciones.

Embed

A pesar de esta escasa cobertura, algunos programas previsionales están colapsando financieramente y representan un gran riesgo para los asegurados y las finanzas públicas. Por un lado, la Caja Fiscal de Jubilaciones de funcionarios públicos tiene un déficit creciente de caja que este año consumirá recursos tributarios por USD 140 millones. Según las proyecciones de los técnicos del BID, este déficit se mantendrá en 0,4% del PIB anualmente solo gracias a la utilización del fondo de reserva, pero que terminaría a más tardar en el año 2028. Por lo tanto, a partir del 2029 el requerimiento de fondos del Tesoro saltaría al 1,0% del PIB con tendencia creciente. Los programas de mayor liberalidad como el de policías, maestros y militares requerirán tasas de aporte absurdas del 31%, 49% y 69% para lograr el equilibrio financiero en el 2030, una muestra clara de la inviabilidad.

Por el lado del IPS, si bien el programa de jubilaciones sigue siendo superavitario, en términos de flujo de caja entre los aportes, los rendimientos del fondo de reserva y los pagos de jubilaciones, este superávit fue apenas del 0,5% del PIB en el 2021 y tiene una tendencia decreciente. Más grave es la situación del fondo de salud, que tiene un déficit crónico, creciente y últimamente explosivo. De los aportes obrero-patronales del 23% de las remuneraciones de los asegurados, el 39% está destinado por ley a financiar los costos de la cobertura de salud que el IPS presta a sus asegurados; pero estos recursos son absolutamente insuficientes para solventar las prestaciones comprometidas. Según cálculos con base en datos del IPS, el déficit del programa de salud pasó de USD 70 millones en el 2018 a aproximadamente USD 187 millones en el 2021 representando el 0,5% del PIB, un crecimiento exponencial. Estos sucesivos déficits han acumulado una importante deuda con proveedores, y con el propio fondo de jubilaciones, de cumplimiento imposible en las condiciones actuales. Las autoridades del IPS han planteado un nuevo “préstamo” del fondo de jubilaciones al fondo de salud para honrar los compromisos, pero seguir con esto arrastraría a un colapso financiero también al régimen de jubilaciones a corto plazo.

Por su magnitud y características estructurales, estos problemas no se resuelven con parches. Tampoco se pueden desatender, porque una crisis está a la vuelta de la esquina. Es necesaria la creación de una Superintendencia de Jubilaciones y, según los estudios del BID, se requieren importantes ajustes en la Caja Fiscal para recuperar un equilibrio financiero básico. En el caso del IPS, se debe separar la administración del sistema de jubilaciones para preservar sus fondos y unificar el sistema de salud del IPS con el Ministerio de Salud, creando un esquema de financiamiento adecuado para el mismo. Son reformas complejas, sugeridas desde hace tiempo, que nunca tuvieron prioridad.

Dejá tu comentario