Editorial

Crisis económica exige cambios radicales en el Presupuesto 2020

Un reciente reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye una estimación del cierre del crecimiento del producto interno bruto para el año 2019 en un cero por ciento. Al nulo crecimiento económico se agrega una política fiscal con problemas serios para financiar los pilares de la recuperación económica. El Parlamento tiene actualmente en sus manos la oportunidad de aprobar un Presupuesto que sea capaz de modificar esta situación, beneficiando a la mayoría de la población, especialmente a los sectores más necesitados. Ojalá los legisladores cumplan con este objetivo y ejerzan su rol representante de la ciudadanía y no de sectores privilegiados.

El resultado pesimista para este año que se está acabando es consistente con las proyecciones realizadas por otras instituciones nacionales e internacionales, que ubican este indicador entre -1% y 0,8%. Es decir, la proyección más optimista señala que creceríamos en alrededor del 1% en 2019.

El presupuesto público como principal instrumento de esta política no contribuye, debido al excesivo peso de los servicios personales y las bajas asignaciones a sectores que son necesarios para un crecimiento económico más alto, sostenible en el tiempo y con beneficios para la mayoría de la población.

El desempeño económico actual es el resultado de una estructura económica que no es consistente con el contexto nacional ni internacional.

El Paraguay se benefició durante muchos años de la alta demanda mundial de materias primas, que coincidió con la posibilidad de expandir la frontera agrícola.

Hoy estas posibilidades están agotadas y se agregan los efectos del cambio climático, cuyas consecuencias se reflejan en el cada vez mayor impacto negativo de los factores ambientales en la producción agropecuaria.

Con este escenario adverso es cada vez más urgente una trasformación productiva que reduzca la volatilidad económica, mantenga tasas de crecimiento por lo menos igual al crecimiento poblacional a largo plazo y garantice beneficios para todos.

El cambio del modelo exige mayores competencias educativas e infraestructura, lo cual solo será posible lograr con políticas públicas de amplio alcance y calidad, dado que actualmente las coberturas de cualquier política son bajas y los resultados mediocres.

El presupuesto público como principal instrumento de la política fiscal no está contribuyendo a estos objetivos por varias razones. La primera es la inadecuada asignación de recursos. El excesivo peso de los servicios personales sobre los demás rubros que requieren las intervenciones públicas impide calidad en la gestión. De nada sirve pagar sueldos si no hay medicamentos y otros insumos.

La situación empeora si consideramos que los recursos humanos que se financian con estos recursos no se asignan a las personas que debieran, y peor sí se desvían hacia operadores políticos, a la asignación de privilegios a determinados grupos de funcionarios o al despilfarro político.

El segundo problema es la falta de recursos que genera la ineficaz gestión tributaria. El país sigue con altos niveles de evasión de quienes, aun con bajo crecimiento económico, se están beneficiando con las oportunidades que ofrece nuestro país.

Es inadmisible que frente a los desafíos que tenemos estos sectores no contribuyan en la medida de sus beneficios mientras el resto sufre las consecuencias.

El Presupuesto General de la Nación, así como está, es un medio poco efectivo para actuar sobre la recesión económica, ya que privilegia a un sector minoritario, tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos.

Esperemos que el Parlamento revierta esta situación.

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