Se acercan las elecciones y empiezan las presiones por ganar votos a costa del erario público. Aumentos salariales, actualizaciones de jubilaciones y transferencias a municipalidades están en debate y en proyectos de ley. En un momento crítico como el que está pasando el país, tanto a nivel micro como macro, poner en riesgo el presupuesto con propuestas que benefician a una minoría no solo contribuirá a empeorar las condiciones económicas sino también el malestar social. El objetivo central de autoridades y políticos debe poner en primer lugar al país y al objetivo de salir de esta crisis múltiple garantizando resiliencia económica en lugar de profundizar los problemas.
La incertidumbre es probablemente la característica más importante de la economía en el presente semestre. La mayoría de las proyecciones a inicios de año señalaban un crecimiento nulo y, en algunos casos, un desempeño negativo. Si bien hay algunas señales positivas, no se espera un cambio relevante en la tendencia. El reciente informe del Gobierno norteamericano y la próxima publicación del informe de Gafilat agregan complejidad, por sus efectos en la percepción nacional e internacional sobre la seguridad jurídica en el país.
El marco regulatorio y de operación del sector eléctrico en nuestro país ha permanecido prácticamente sin cambios desde la creación de la ANDE y la firma de los Tratados de Itaipú y Yacyretá.
La calificadora internacional Moody's comunicó su decisión de elevar la perspectiva económica de Paraguay de estable a positiva, luego de siete años. Sin embargo, menciona la necesidad de mejorar el gasto público y la prevención de lavado de dinero.
Los censos constituyen instrumentos fundamentales para la planificación de las políticas públicas. En Paraguay tienen un importante rol político y económico. Son el único instrumento que provee información comparable a nivel municipal, por lo que cada 10 años es posible contar con información rigurosa para conocer los territorios donde nacen, crecen, trabajan y se desarrollan las personas. Autoridades y ciudadanía deben tomar con responsabilidad el compromiso de apoyar el levantamiento de los datos este año.
La deuda pública sigue creciendo sin interrupción, poniendo en riesgo las finanzas públicas y, sobre todo, la capacidad del Estado de proveer servicios públicos. Cada vez mayores recursos se destinan al pago de los compromisos de la deuda, reduciendo la posibilidad de que los mismos se destinen a programas que beneficien de manera directa a la gente. En paralelo, la presión tributaria se mantiene y la microeconomía se deteriora, dando lugar a una combinación explosiva para el Estado en su rol de proveedor de servicios públicos básicos y para la mayoría de los hogares paraguayos que no cuentan con recursos suficientes para financiar esos servicios por la vía privada.
Más de una década de altos niveles de crecimiento económico no lograron cambiar la posición relativa de nuestro país en las estadísticas del desarrollo, aunque sí nos ubicaron como país de ingreso medio-alto. Paraguay está en un momento clave para discutir un nuevo modelo de crecimiento que contribuya mucho más al desarrollo. Pero ello requiere que políticos y autoridades económicas dejen el discurso simplista y cómodo y que la ciudadanía se comprometa con una participación activa y constructiva en la discusión.
Se debilita rápidamente la institucionalidad económica
Hasta hace unos años se asumía como un valor la presencia de instituciones económicas fuertes que garantizaban una relativa estabilidad macroeconómica. Una gestión más profesionalizada, la menor influencia político-partidaria en las decisiones y mayor estabilidad de los ministros eran los argumentos que estaban en la mesa. En un país tan contaminado con el prebendarismo y la partidización, nuestro umbral era relativamente bajo, dado que en realidad siempre existieron sectores que lograban imponer intereses particulares frente a los objetivos nacionales o al bien común. Esta situación se está agravando a un ritmo que nos puede llevar muy rápidamente a un Estado fallido.
