Política

Corte IDH ordena al Estado que cese proceso contra Cristina Arrom

El Tribunal considera que la querella contra la hermana de Juan Arrom promovida por el secretario de Inteligencia constituye una violación. Configura el “enjuiciamiento a declarantes”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió ordenar al Estado paraguayo que adopte las medidas necesarias para que cese el proceso penal iniciado a la señora Cristina Arrom, promovida por Esteban Aquino Bernal, secretario nacional de Inteligencia, a causa de sus declaraciones ante la Corte, el 7 de febrero en Costa Rica, durante la audiencia pública del caso Arrom-Martí.

Como parte de su testimonio, Cristina Arrom, hermana de Juan Arrom, acusó a Esteban Aquino de estar implicado en el presunto secuestro y torturas de su hermano, en el 2002. Entonces, Aquino trabajaba en la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo. “Nos acercamos a la dirección y dimos 10 vueltas, vimos una camioneta, anotamos la chapa y supimos que era de Esteban Aquino Bernal, involucrado en el secuestro”, expresó Cristina Arrom durante su comparecencia ante la Corte IDH. De ese modo relató el episodio del 30 de enero de 2002 en que supuestamente rescataron a Arrom y Martí de una vivienda ubicada en Villa Elisa, tras dos semanas de estar privados de su libertad.

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Como consecuencia, el 14 de febrero, Aquino Bernal presentó una querella penal por difamación, calumnia e injuria en contra de la declarante y solicitó el resarcimiento de 850 millones de guaraníes por daños y perjuicios, lo cual “podría aumentar si posteriormente acuse al ámbito civil”, según el escrito planteado por Juan Arrom ante la Corte para pedir medidas provisionales para garantizar los derechos de su hermana.

En una resolución fechada el 14 de marzo, la Corte IDH constata que la querella instaurada en contra de Cristina Arrom “está directamente relacionada con lo declarado por ella en la audiencia pública realizada en el caso Arrom-Martí”.

Tal querella ya fue admitida por la jueza a cargo, por lo que se dio inicio al proceso penal. Al respecto, la Corte advierte que la responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de este, independientemente de su jerarquía.

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Por tanto, sin perjuicio de quién haya dado inicio a la acción penal, “el actuar de la jueza que admitió la demanda constituye una acción estatal y por ende es atribuible al Estado”.

Recuerda que el artículo 53 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe el “enjuiciamiento de declarantes”. En consecuencia, el sometimiento al proceso penal que implica la admisión de la querella “constituye una violación a este artículo”.

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Arrom, Martí y Víctor Colmán, todos ex militantes del partido Patria Libre, se encuentran en Brasil como refugiados políticos. Estatus al que se acogieron días antes de que se leyera la sentencia en el juicio contra los imputados del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, hecho por el cual también se hallan imputados los tres mencionados. El Gobierno nacional solicitó al Brasil que le revoquen el estatus de refugiado para poder extraditarlos.

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