El presidente de la Asociación de Industriales Domisanitarios y Afines del Paraguay (AIDA), Raúl Doutreleau, denunció que en “el país se instauró la dictadura judicial, porque la Corte Suprema de Justicia desactivó dos decretos del Poder Ejecutivo (Nº 3.214 y 3.216) y se pronunció a favor de los importadores”.
Tras lamentar que la Justicia haya suspendido los efectos de los decretos mencionados, que el Ejecutivo había puesto en vigencia el pasado 21 de octubre de 2009, la AIDA exhortó a todos los consumidores a comprar detergentes y jabones en polvo de industria nacional, porque no contaminan el medio ambiente al no contener tripolifosfato “que está matando nuestros peces en los ríos y dejando sin vida al lago Ypacaraí".
Esteban Morábito, Beatriz de Fretes, Raúl Doutreleau, Marlene Vázquez y María José Cosp, todos directivos de AIDA, argumentaron que la Unión Europea está eliminando gradualmente el fosfato en los detergentes de ropas. “Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo y Austria ya no usan. En Holanda, Finlandia y Suecia se ha optado por pedir a los fabricantes que pongan en el mercado productos sin fosfatos. Brasil, sin embargo, ya está abandonando el tripolifosfato, pero exporta productos con ese contaminante”.
Doutreleau, quien actuó de vocero, afirmó que la propia Unilever reconoce que se debe reducir 70% el uso de tripolifosfato en detersivos antes del año 2012. “Las industrias nacionales ya no usan fosfato porque el Gobierno prohíbe ese componente, pero la Corte libera el fosfato para los importadores”, evidenció.
Morábito fue más allá al destacar que el “Paraguay perdió su soberanía judicial”. Marle Vázquez está convencida de que “las multinacionales están por encima del interés general y, por su parte, María J. Cosp, es del parecer de pedir el juicio político de los miembros de tres miembros de la Corte”.
LOS IMPORTADORES. La Cámara Paraguaya de Empresas de Productos Domisanitarios, Higiene Personal y Afines (Caedhpa) dio a conocer un documento en el cual desmiente que el tripolifosfato de sodio ocasione daño al medio ambiente. “Rechazamos la versión de tres industrias locales que emprendieron una agresiva campaña de mentiras y medias verdades para quedarse solos en el mercado, eliminando las marcas importadas”.
El gremio en cuestión, durante una visita a Última Hora, dejó constancia que no está suficientemente probado que el tripolifosfato sea el directo responsable de los daños ambientales de los que se habla, ni mucho menos que ponga en riesgo la salud de las personas.
“Las autoridades nacionales de aplicación (Seam, Ministerio Salud) no han presentado un solo estudio serio que ligue el uso de tripolifosfato con la eutrofización del lago Ypacaraí. Para probar ese hecho sería preciso presentar estudios que hasta el momento no está probado que hayan sido hechos”, sostuvieron Silvio Codas (Agrofielf), Raquel López (Johnson), Rodrigo Sotomayor (Unilever) y Ricardo Föster (Gloria SACI).
Los mencionados empresarios coincidieron en expresar que el Decreto 3.214 que establece requisitos para la importación y comercialización de productos de higienes personal, cosméticos, perfumería y domisanitarios “debe ser anulado, porque sus cláusulas son inconstitucionales y el tema de tripolifosfato es un fantasma inventado por tres industriales”.