En la conferencia de prensa, la ministra Cecilia Pérez refirió que lo ocurrido era consecuencia de la corrupción existente en el sistema penitenciario. Y, hay que decirlo, todo lo que pasa es a raíz justamente del hacinamiento reinante lo que hace que exista una imposibilidad material de control de tanta cantidad de presos, lo que, a su vez, es caldo de cultivo de la corrupción.
Es que, analizando todas las aristas de lo sucedido, tenemos que la propia secretaria de Estado había denunciado ante el Ministerio Público el plan de fuga y hasta un monto de dinero en dólares que supuestamente era ofrecido para ejecutarlo.
En contraste con la imputación al ex intendente capitalino hecha a los apurones un sábado por la tarde en plena feria (como lo dijo un colega, sin que haya siquiera orden de detención, lo que da la pauta de que fue más mediática que otra cosa), en la denuncia de la ministra de Justicia no se hizo nada. Y lo malo es que, finalmente, la fuga masiva se dio.
En principio, los ministros del Ejecutivo no se pusieron de acuerdo si fue una fuga o una liberación, ni sobre el número de reclusos involucrados, lo que demuestra una absoluta falta de comunicación, o de una mal manejo de la información a ser dada a conocer.
La confesión de uno de los presos recapturados fue lapidaria. No salió por el túnel. Le toca a la Fiscalía ahora investigar lo ocurrido realmente. Por de pronto, ya hay más de 30 imputados, todos del sistema penitenciario, hasta ahora, sin policías o militares, que custodiaban afuera.
La cuestión también está en cómo puede ser que se agrupe a los miembros del Primer Comando Capital (PCC) en un solo pabellón, en un penal de la frontera, dentro de su “jurisdicción delictual”. La cárcel es para 446, y había unos 900, según datos ministeriales.
No obstante, lo peor estaba por venir. De los 76 fugados –según cifras oficiales– solo se tiene la fotografía de 50 de ellos. El resto, los 26, son indocumentados, por lo que ni siquiera se tienen fotos de los mismos. Uno se pregunta cómo serán buscados por la Policía.
Pero, dentro de los 50 cuyas fotos se distribuyeron, aparecen dos que nada tenían que ver, uno incluso enfermo, y otros cuatro que actualmente están en juicio oral en los tribunales de Asunción como los fugitivos. Algunos apuntan que van a aparecer más desmentidos.
Si los cuatro procesados no estaban en juicio oral ahora en plena feria, y se daba a conocer la lista, el juez de la causa podía decretar su rebeldía y captura sin problemas, pese a que nunca se fugaron.
Con esta realidad a la vista, se puede dudar de todos los números dados a conocer oficialmente. La cantidad de los fugados, su identidad, porque al final ni siquiera sabían quiénes estaban ahí.
También se puede poner en duda la cantidad de presos que están en los penales. Si las cifras oficiales hablan de más de 15.000 presos, ¿será verdad? Y volvemos a lo mismo, el hacinamiento hace que sea imposible el control.
Muchos hablan de que la solución es hacer más reclusorios, mejor en una zona casi desértica del Chaco por ejemplo. Esta propuesta es mucho peor. Sin control, la corrupción reinará, y los “peces gordos” harán lo que quieran, y las mismas autoridades también.
Y acá es donde volvemos a lo mismo. Se mete preso a cualquiera por cualquier cosa, lo que llena las cárceles, y hace que no se pueda controlar, especialmente a los delincuentes peligrosos. Esto es aprovechado por muchos, y aparece la corrupción, que está enquistada hace rato en el Paraguay. La solución no es construir más cárceles, es descomprimir el sistema penitenciario.
