Editorial

Corrupción e impunidad ponen en riesgo desempeño económico

El posible daño patrimonial a la compañía Petróleos Paraguayos (Petropar) detectada por una auditoría reciente debe ser motivo de atención de las autoridades. De comprobarse en las instancias judiciales correspondientes no debe permitirse que quede impune el delito y, adicionalmente, deben encontrarse las fallas de los mecanismos de coordinación y control con que cuenta la institucionalidad económica que no alertaron este hecho. Las empresas públicas constituyen un importante instrumento de política económica en cualquier país del mundo por su contribución a la regulación de los mercados imperfectos, el bienestar social y el desarrollo, por lo tanto, debe garantizarse un funcionamiento eficiente y transparente.

Todos los países del mundo desarrollado y no desarrollado, sin importar ideología económica, cuentan con empresas públicas, ya que estas ejercen un importante rol en muchos ámbitos de la economía.

Estas instituciones pueden cumplir funciones de regulación de mercados oligopólicos o también ejercer un papel subsidiario, es decir, proveer un bien o servicio que al sector privado no le interesa por la baja rentabilidad o por cualquier otra razón. Algunos ejemplos son una TV pública con programas educativos o culturales, créditos a poblaciones dispersas, de bajo nivel adquisitivo o altamente riesgosos o servicios de cuidado a personas en edades avanzadas.

La gestión de Petróleos Paraguayos (Petropar) –de propiedad mayoritariamente estatal– en los últimos años se enmarcó en la función de regulación. El Estado puede regular un mercado no competitivo a través de una institución creada para el efecto o “desde adentro”. El objetivo es que las pocas empresas existentes no detenten un poder excesivo sobre los precios perjudicando a los consumidores que son muchos, pequeños y dispersos, por lo tanto, no tienen capacidad para determinar cambios en los precios. Es lo que en los manuales de economía se llama una “falla de mercado”.

Petróleos Paraguayos, como oferente de combustibles en el mercado minorista, se convirtió en un agente económico más ejerciendo presión hacia abajo sobre los precios, con lo cual, un segmento de consumidores se vio beneficiado. Sin embargo, esta acción se produjo en el marco, al parecer, de irregularidades que podrían considerarse delitos, además de que la información disponible también señala que hubo intereses político-partidarios en la implementación de la política.

En definitiva, un instrumento de política económica que debería haber sido útil para mejorar la competencia en el mercado, garantizar precios de equilibrio menores y elevar el bienestar social, terminó siendo distorsionada y dirigida hacia intereses particulares. La histórica impunidad reinante hacia funcionarios públicos y políticos corruptos impulsó, probablemente, un nuevo saqueo al Estado. Esperemos que las autoridades del Poder Ejecutivo y de las demás instancias de control, auditoría y fiscalización realicen los informes con la calidad requerida y envíen la documentación al Poder Judicial de manera a sancionar con la mayor dureza posible los delitos cometidos.

Paraguay requiere seguir creciendo, y para eso se necesitan instituciones reguladoras fuertes que contribuyan a la eficiencia y competitividad de los mercados. Sin estas condiciones, a las que se agregan el combate a la corrupción estaremos condenados a nuestra situación actual. No podremos aspirar al desarrollo sin mercados y políticas públicas que funcionen bien y coordinadamente.

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