Han ha sido presidente en funciones apenas dos semanas, ya que heredó la responsabilidad del presidente Yoon Suk-yeol, destituido por el hemiciclo el 14 de diciembre por su sorpresiva y pobremente fundamentada decisión de declarar el estado de excepción 11 días antes.
Y AHORA QUÉ. Corea del Sur nunca había cesado en democracia a un jefe de Estado y Gobierno en funciones, escenario que lleva a que, a partir del viernes, sea el ministro de Finanzas y viceprimer ministro, Choi Sang-mok, el que asuma el cargo.
La oposición ha dicho que seguirá presionando a quien ocupe la presidencia para que autorice renovar el Tribunal Constitucional e investigaciones especiales contra Yoon y la primera dama –algo a lo que se niegan Ejecutivo y partido gobernante– y que seguirá presentando mociones de destitución hasta conseguirlo.
Existe pues la posibilidad de que Choi dure menos que Han si en los próximos días no da su brazo a torcer ante la exigencias de la principal formación opositora, el liberal Partido Democrático (PD).
De este modo, los próximos candidatos a ocupar la presidencia interina son, respectivamente, el ministro de Educación, Lee Ju-ho, el de Ciencia, Yoo Sang-im, y el canciller, Cho Tae-yul.
La afrenta definitiva para el PD tuvo lugar esta semana, cuando Han se negó a aprobar dos mociones para iniciar sendas pesquisas especiales –para investigar a Yoon a cuenta del estado de excepción y a su esposa por supuesta corrupción– y a ratificar los nombramientos de tres nuevos jueces para el Constitucional.
Han y el PPP argumentaron que ambas decisiones debían requerir consenso por parte de ambos partidos en la Asamblea Nacional (Parlamento), donde el PD tiene mayoría, para poder dar su aval.
El Tribunal Constitucional, que está siendo campo de batalla entre los dos principales partidos, está juzgando ya a Yoon por su declaración de la ley marcial y tiene hasta el 11 de junio para ratificar o no su destitución.
De no cubrirse las tres vacantes actuales, que deben ser ratificadas por quienquiera que sea presidente interino, los seis magistrados que integran actualmente el Constitucional deberán de aprobar unánimemente la inhabilitación de Yoon para que ésta se haga efectiva.
Muchos expertos alertan del peligro que supone esta parálisis institucional ante los retos económicos y diplomáticos que el país encara en 2025.
