Editorial

Contrataciones públicas no deben ser el coto cerrado de los amigos

El coronavirus está mostrando las múltiples falencias del Estado paraguayo. En un principio nos mostró la mala situación de los servicios de salud, después la corrupción en las compras públicas. Adicionalmente a este hecho, con el problema que enfrentan las mipymes nos estamos dando cuenta de su ausencia como oferentes del Estado. Uno de los cambios que deben ser realizados es en el sistema de contrataciones públicas de manera a fomentar los pequeños emprendimientos como las mipymes y la agricultura familiar como proveedores del sector público. La pandemia es una oportunidad para subsanar lo que funciona mal.

Cualquier reforma del aparato estatal debe atender la urgente necesidad de reducir las profundas asimetrías existentes.

La pandemia está mostrando que las desigualdades van más allá de las que usualmente discutimos, como la del ingreso entre las personas, de la tierra o de los impuestos.

Uno de los problemas visibilizados en las últimas semanas fue la ausencia de políticas dirigidas a las mipymes.

Además de la ausencia de intervenciones que aumenten su productividad y competitividad, mejoren el acceso a mercados o garanticen empleos de calidad, nos dimos cuenta de que tampoco son proveedoras del Estado.

El Estado, además de ignorarlas, en las adquisiciones públicas privilegia a las empresas grandes o a las de “maletín”. Esto no solo está en la percepción de la gente, sino que ha sido comprobado por varios estudios académicos.

Esta situación no es nueva. Y es un hecho que las contrataciones públicas se han convertido en un verdadero coto cerrado para algunos privilegiados.

Desde hace unos años se viene discutiendo la pertinencia de que la agricultura familiar provea frutas y verduras para la alimentación escolar; sin embargo es poco lo que se ha conseguido, por no decir casi nada.

Unos años atrás, a partir de un decreto se intentó mejorar la calidad de los alimentos entregados a la niñez escolarizada y mejorar la eficiencia de los recursos dirigidos tanto a la agricultura familiar como a la alimentación escolar.

El esfuerzo quedó truncado por un escándalo que vinculaba a varios gobernadores y empresas, bajo sospecha de tráfico de influencias, algo similar a lo que se observó con los insumos médicos. El Gobierno de entonces, liderado por Cartes, en lugar de proponer cambios y mejorar la implementación de la estrategia optó por dejar de lado el esfuerzo, con lo cual aumentó más la sospecha de que el interés no era una buena gestión pública sino el negocio con recursos estatales.

Ahora que está en la agenda pública la necesidad de realizar reformas para viabilizar mejores políticas para la ciudadanía, se hace imprescindible revisar todo el sistema de compras de las instituciones estatales de manera a reducir la corrupción y, paralelamente, contribuir a eliminar los odiosos privilegios.

Las mipymes y la agricultura familiar deben aumentar sustancialmente su participación como proveedoras del Estado. Esto es necesario además para propiciar por esa vía la recuperación económica poscoronavirus en el corto y mediano plazos y contribuir en el largo plazo a la reducción de las desigualdades.

No puede ser que desde el propio sector público se reproduzcan las asimetrías, siendo un rol indelegable del Estado la reducción de las mismas. Es urgente que se revise el sistema de contrataciones y se tomen las medidas necesarias para aumentar la participación de proveedores de menores ingresos en el mismo. Los recursos públicos deben dejar de beneficiar solo a políticos y grandes empresarios, facilitando y promoviendo también a los pequeños emprendedores.

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