Editorial

Contrataciones públicas deben ser prioridad en reforma del Estado

Una de las reformas que debe realizar la administración pública es el sistema de contrataciones. El coronavirus evidenció los profundos problemas de las adquisiciones realizadas por los organismos del Estado, no solo en términos de los sobrecostos, sino también en la presencia de empresas que solo existen gracias a los negocios del Estado, que por lo general incluyen relaciones de prebendarismo, tráfico de influencias, colusión, conflictos de intereses y vínculos con el financiamiento de campañas políticas. Una de las primeras reformas para reducir la corrupción y aumentar la transparencia y la eficiencia deben ser las contrataciones públicas, impulsando el acceso de las mipymes y de la industria nacional en las mismas.

Uno de los fundamentos sobre los cuales se sustentan la mayoría de nuestros problemas está en las adquisiciones públicas; que van desde la compra de café hasta la construcción de un acueducto, una ruta de cuatro carriles o una alianza público-privada. Desde hace años vemos de qué manera se dilapidan recursos pagando cifras exorbitantes por cocido y chipitas para reuniones o por rutas que antes de acabarse ya tienen baches. Además del sobrecosto se agrega la mala calidad de los productos.

El segundo problema es el relativo a los pagos adelantados sin recepción de los bienes o servicios estipulados y la consiguiente terminación de contratos, siempre con pérdidas para el Estado. El caso más emblemático ha sido el del Metrobús, tanto por el monto implicado como por la relevancia para la calidad de vida de la población trabajadora que necesitaba ese medio de transporte.

Así, desde el inicio de los procesos licitatorios ya se observan problemas graves como el direccionamiento de los llamados, la desconfianza en los mismos, lo que conlleva escasa competencia, la incapacidad de los organismos del Estado para hacer cumplir los contratos, incluyendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas en tiempo y forma. Estos problemas tienen origen en una multiplicidad de factores.

En primer lugar por la falta de compromiso y responsabilidad de los funcionarios públicos derivada de la ausencia de una carrera del servicio civil. Sin aislamiento de las presiones políticas y empresariales y sin penalización por mal desempeño de funciones nunca tendremos un buen sistema de adquisiciones públicas. En segundo lugar por la existencia de un sector empresarial rentista, que no solo se aprovecha, sino que influye negativamente para que el sistema funcione mal, ya que terminan beneficiándose. Así como está el sistema de contrataciones, es fácil el negocio para las empresas de maletín o para aquellas que por la vía del tráfico de influencias, el acceso a información privilegiada o la colusión ganan las licitaciones.

Casi en cualquier ámbito –obras públicas, alimentos, insumos y medicamentos, viajes– se puede observar la existencia de pocas empresas que acaparan las licitaciones. Por ejemplo, en el caso de obras públicas, son las mismas empresas las que ganan las fiscalizaciones y las construcciones.

La falta de transparencia en el financiamiento de campañas electorales es otro factor. ¿De quiénes son las empresas?, ¿qué vínculos existen entre sus propietarios y los políticos de turno?

Así, no sorprende que con la pandemia se haya visibilizado que las pequeñas y medianas empresas no les venden al Estado, así como tampoco la industria nacional. Esto es así porque la mirada del sistema no está en el desarrollo del país, sino en el negocio que permite alimentar a las empresas privadas: prebendarismo y clientelismo.

Si el objetivo es el desarrollo del país mejorando la eficiencia y calidad de la gestión pública, una de las primeras reformas debe estar en las contrataciones públicas impulsando la profesionalización del servicio civil y el acceso de las mipymes y de la industria nacional como proveedoras del Estado, dejando de lado a empresarios sin escrúpulos cuyo único objetivo es vivir del Estado sin aportar nada al país.

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