El 21 de setiembre del 2022, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) inició una investigación de oficio sobre la licitación con ID 414937. Se trata de un llamado denominado “Contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del Instituto de Previsión Social (IPS), declarados desiertos en la LPN SBE 171/21” por G. 72.000 millones (casi USD 10 millones al cambio actual).
La investigación se realizó por pedido de Juan Manuel Villar, titular de la Dirección Operativa de Contrataciones del IPS, quien denunció a la firma Potî SA por presentar documentos presumiblemente apócrifos (falsos) para intentar cumplir con los requisitos exigidos por la previsional.
“Al verificar la documentación en cuestión, el Comité Evaluador constató que la documentación contiene una supuesta firma y sello de VITAL SA, cuando en la realidad son impresiones, no así una rúbrica y sello originales del representante legal de la firma VITAL SA”, reza parte de la exposición de motivos enviada por Villar a la Dirección de Contrataciones Públicas.
SUMARIO. Recién seis meses después del inicio de la investigación de oficio, el pasado 21 de marzo, la DNCP anunció la apertura de un sumario sobre el mismo caso. El objetivo es determinar si las conductas de Alberto Raúl Palumbo, Carlos José Palumbo y Jorge Miguel Palumbo se encuentran subsumidas en el artículo 72 de la Ley 6716/2021 (modificatoria de la 2051/03).
Según expresó Villar, el sumario ya debería ser presentado en los próximos días, ya que se inició casi tres meses atrás. Sin embargo, desde la DNCP informaron a ÚH que no existe fecha límite para este tipo de trabajos, por lo que desconocen cuándo pueda estar terminado.
SANCIONES. El Art. 72° inciso “c” de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” reza lo siguiente: “La Unidad Central Normativa y Técnica podrá inhabilitar temporalmente a los proveedores y contratistas por un periodo no menor a tres meses ni mayor a tres años, por resolución que será publicada en el órgano de publicación oficial y en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta ley, cuando los proveedores o contratistas proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe”, reza parte de la ley.
En otras palabras, Potî se expone a una suspensión de entre tres meses hasta tres años si se comprueban las irregularidades. Para el sumario fue designada la abogada Fabiola Páez como jueza instructora. Mientras que la investigación de oficio fue llevada adelante por la abogada Gabriela Santacruz.
Esta Redacción intentó comunicarse con ambas técnicas de la DNCP, sin embargo, desde el ente público respondieron que solo el director Pablo Seitz está habilitado a dar declaraciones a los medios de comunicación, pero no fue posible conversar con el mencionado profesional.
Otro cuestionamiento al mismo grupo empresarial
Otra firma vinculada al grupo corporativo del empresario Alberto Raúl Palumbo es la constructora Estructura Ingeniería SA (EISA). Esta empresa ganó un contrato con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la construcción, ampliación y reparaciones de 79 establecimientos educativos, ubicados en cinco departamentos, por G. 6.475 millones.
La rúbrica del contrato se produjo en el 2020, sin embargo, la rescisión del mismo ocurrió en enero del 2022. El motivo fue un incumplimiento de contrato, luego de que la firma no concluyera parte de las obras que realizaba.
Al respecto, esta hoja intentó corroborar si la DNCP llevaba adelante una investigación, a lo que nos indicaron que la respuesta recién la darán hoy.
Además de la rescisión de contrato, el sindicato de directores (Sinadi) presentó una denuncia ante la Fiscalía por este hecho.