Opinión

Contraloría no debe demorar la entrega de declaraciones

La negativa de la Contraloría General de la República (CGR) de dar a conocer las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, de altas autoridades y funcionarios públicos, solicitadas en el marco de la Ley N° 5282/14 De Acceso a la Información Pública, a pesar de los múltiples requerimientos jurídicos, constituye ya un abierto desacato a los mandatos de la Justicia y una evidente protección a los intereses de personas de la función pública a quienes no les conviene que su patrimonio sea examinado, bajo la posibilidad de que descubran actos de corrupción.

Como se recordará, Juan Carlos Lezcano había solicitado que, con base en la Ley de Acceso a la Información Pública, la Contraloría dé a conocer las declaraciones juradas de bienes desde 1998 de altas autoridades nacionales, como las del presidente de la República, vicepresidente, ministros, diputados, senadores, ministros de la Corte, gobernadores, intendentes e integrantes de Junta, directores de Itaipú, Yacyretá, entre otros, que hasta ahora son mantenidas en secreto.

Ante la negativa, Lezcano presentó un recurso de amparo ante la Justicia, con patrocinio de los abogados Ezequiel Santagada, Juan Pablo Fernández y Romy Fischer, del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI). En mayo último, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo y dictaminó que la Contraloría debía entregar los datos solicitados, que deben ser accesibles a toda la ciudadanía.

La Contraloría se negó a acatar la resolución y apeló la sentencia. Recientemente se dio a conocer la resolución del Tribunal de Apelación, Primera Sala, que con voto unánime de los magistrados Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Ocampos, confirmó la sentencia del juez Riquelme.

Esta medida, considerada histórica, ya no es apelable, y a la CGR solo le queda acatar el mandato de la Justicia.

Sin embargo, nuevamente el organismo se muestra renuente a cumplir la sentencia, esta vez con la excusa de que su base de datos está organizada por nombres, apellidos y números de cédula de identidad, y no por cargos, algo que se puede resolver fácilmente con solo actualizar los datos.

Resulta sumamente contradictorio que esta presunta complicidad a favor de la impunidad y en contra de la transparencia, que ya se puede interpretar incluso como un acto ilegal, provenga justamente del organismo que debe controlar a los entes del Estado, defendiendo los intereses de la ciudadanía.

Es inadmisible que la Contraloría General de la República siga incurriendo abiertamente en el desacato a la Justicia.

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