Política

Contralor y funcionarios cobraron por más días de los que duró evento

En noviembre pasado el contralor general de la República, Enrique García, participó junto con dos funcionarios de la institución del XXII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, que se realizó en la ciudad de Madrid, España.

El evento duró 4 días, pero los mismos se quedaron por 10 días, percibiendo viático por ello.

Lizza Benavente, directora de la Dirección de Coordinación de Análisis y Gestión del Gabinete de García, y César Núñez, asesor jurídico, acompañaron al contralor en el viaje a Europa.

Para el cálculo de viáticos y movilidad en el exterior del país, deberá considerarse los días efectivos de estadías en el país de referencia más el día de viaje de ida y retorno del personal, expresa una disposición legal sobre el usufructo de viáticos.

Tomando en cuenta esto, el contralor y los citados funcionarios debieron percibir viáticos por 6 días y no 10.

Benavente y Núñez recibieron más de 17 millones de guaraníes, lo que representaría más de G. 7 millones cobrados de más. Mientras que García percibió G. 21.628.316, unos 9 millones extra.

“La jornada se registró desde el día martes hasta el día viernes de esa semana, el vuelo se realizó el sábado porque los domingos no hay vuelos y el lunes se produjo la inscripción. Hay una agenda del viaje, porque también sirvió el viaje para otras reuniones”, dijo el contralor el lunes en una conferencia de prensa.

De acuerdo al decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación, en la tabla de referencia se establece que para los viajes a Madrid, el contralor debe percibir USD 365 por día y los directores USD 292.

“No es una decisión del contralor, es la aplicación de una norma. Tampoco son de derroche o dilapidación, sino que son el cálculo sobre el que se basa la norma que regula esta materia. No existe la posibilidad de que el asunto tenga que ver con un privilegio especial o con la marginación de algún otro derecho de los funcionarios y menos aún del patrimonio público”, había dicho García.

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