Política

Contralor espera la resolución del juicio por el bien de la CGR

 

El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Enrique García, habló ayer sobre el juicio político en su contra y señaló que espera que se resuelva pronto por el bien de la institución que dirige. Recordemos que la Cámara de Senadores debe aprobar las fechas para el proceso.

El reglamento del juicio político establece cinco sesiones para el caso. La primera sesión es para escuchar a los fiscales acusadores (los diputados); la segunda es para la defensa; la tercera se realiza para la aceptación o rechazo de pruebas; la cuarta reunión para los alegatos; y la quinta para la absolución o condena.

“Estar sometido a juicio político debilita el poder del contralor. Condiciona.”, lamentó García en charla con Monumental 1080 AM. Agregó que la amenaza del juicio puede interpretarse como una presión hacia la entidad para disminuir o evitar los controles, pero además genera “una situación de preocupación de tipo personal”.

“A la par de ser un procedimiento y un recurso y una herramienta del sistema constitucional, los fundamentos de un juicio político siempre, y en el caso mío, están vinculados con la política, con lo político y en contraposición a lo institucional. Hay intereses que están por encima de la cuestión institucional, que tienen que ver con partidos, con intereses, con sectores que instalan una cuestión”, dijo García a la Monumental.

Indicó que por eso la ciudadanía plantea la desconfianza hacia la Contraloría, “porque la gente recuerda el juicio pendiente”. “Deberíamos resolver de inmediato (...). Estar bajo juicio político es un problema, forma parte de algo con lo que tenemos que convivir”, aseveró.

Causales. Entre las causales que motivan la acusación, los diputados citan comisión de delitos, asignación irregular de viáticos, contratación irregular de consultoría, concesión indebida de privilegios a allegados y tráfico de influencias. García fue imputado por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso. Los antecedentes se remiten al conflicto entre Ivesur y la Municipalidad de Asunción, donde él se desempeñaba como asesor jurídico antes de ser contralor.

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