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Contrabando: Gremios empresariales piden mayor inversión estatal para reforzar controles

Gremios y asociaciones empresariales emitieron un comunicado pidiendo al Estado mayor inversión para la lucha contra el contrabando. Hicieron referencia a los disturbios del pasado viernes en la base de la Armada Paraguaya de Itá Enramada.

El comunicado emitido este lunes está firmado por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

También firmaron las cámaras de Alimentos y Bebidas del Paraguay (CBE), la Paraguaya de Bebidas Alcohólicas (Capaba), la Paraguaya de Supermercados (Capasu) y la de Proveedores (Capro).

Calificaron como gravísimo el disturbio del viernes de la semana pasada, en horas de la noche, en la base de la Armada Paraguaya en Itá Enramada, donde un grupo de personas, entre ellos posibles contrabandistas, rodearon el lugar en protesta por un procedimiento de los militares.

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“Es necesario redoblar los esfuerzos en la lucha contra la informalidad, precariedad y el contrabando, recuperando en primer lugar el respeto hacia las instituciones de seguridad del Estado y principalmente las Fuerzas Armadas”, expresaron los gremios.

Recordaron que acompañan el proceso de modernización de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y de las instituciones de control de comercio interno dependientes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), al igual que el trabajo de la Unidad Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando.

Piden a las entidades estatales a cargo que se individualice a los funcionarios civiles y castrenses que participan de la red de comercio informal, ya que esto es lo que se necesita para lograr frenar el ingreso de mercaderías de forma ilegal.

Apuntaron también que el control asimétrico sobre las empresas formales desactiva la inversión. También consideran de suma importancia que se aplique un proceso de inclusión dentro de la cadena productiva formal.

Las agremiaciones requirieron también que se agilice el cruce de datos de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), para individualizar a las empresas que burlan los controles.

“Exigimos que funcionarios del Poder Judicial estén a la altura de las exigencias que ameritan esta grave situación. Es intolerable la participación negligente y venal de algunos magistrados que liberaron mercaderías incautadas, así como aquellos que no aplicaron las normas jurídicas vigentes en contra de los que se dedican al contrabando”, destacaron.

Piden al Gobierno que desarrolle e impulse una política integral para la lucha contra la informalidad, apuntando a una impostergable depuración de los cuadros principales de las fuerzas de seguridad que colaboren a recuperar y restablecer el respeto por las instituciones públicas y la seguridad.

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