Un reciente informe sobre el Instituto de Previsión Social (IPS), realizado con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muestra que el 57,3% de los cotizantes al IPS no alcanzarían los años de aporte para jubilarse ni siquiera a los 65 años.
Este es solo uno de los problemas que enfrenta el sistema previsional. Menos del 50% de la población asalariada está incluida en la seguridad social como aportante; si consideramos a toda la población trabajadora, este porcentaje se reduce a un tercio, y si agregamos a las mujeres que están fuera de la fuerza de trabajo, el resultado final es que menos del 20% de la población adulta está cotizando a algún mecanismo jubilatorio. El resultado de la baja cobertura de la seguridad social contributiva es que al llegar a los 60 años de edad, en 2022 menos del 10% de esta población estaba cobrando una jubilación.
Igual de complicada es la situación financiera de los fondos previsionales. Debido al limitado número de aportantes, la baja densidad de aportes, la edad promedio de quienes están aportando y la gran cantidad de jubilados, los fondos de IPS durarían solo hasta alrededor de 2050, según los informes actuariales.
Si se considera la Caja Fiscal, algunos regímenes como los de militares y policías ya no cuentan con fondos suficientes para hacer frente al pago de las jubilaciones. La diferencia está siendo financiada por impuestos de quienes probablemente nunca lograrán tener una jubilación, lo que agrega inequidad.
Revertir este complicado escenario requiere reformas de todo tipo: condiciones de afiliación, tasas de reemplazo, bases imponibles, tiempo de aporte, manejo de los fondos, mecanismos de control, fiscalización y regulación. Estas reformas deben pensarse con proyecciones de entre 50 y 75 años. Es decir, el debate debe garantizar que quienes nacen hoy, logren contar con una jubilación en su vejez.
El desafío de construir un sistema previsional debe ocupar uno de los primeros lugares en las prioridades del Estado, entendiendo al Estado desde un sentido amplio: ciudadanía, autoridades, academia, sector público, sociedad civil organizada, partidos políticos, entre otras instituciones. Este es un tema que nos importa a todos frente a las proyecciones demográficas que ya se están derivando el censo recientemente levantado.
El Instituto Nacional de Estadística informó que la tasa de fecundidad se redujo a 2. Hace 10 años, el indicador se ubicaba en 3; es decir, en solo una década hubo un cambio radical en la cantidad de hijos por mujer. Para que una población no decrezca se requiere al menos 2 hijos por mujer.
Esta tendencia nos pone en una situación demográfica sumamente complicada, ya que a la par de la reducción del número de hijos también se da un aumento de los años promedio de vida. Esto hace que si las personas mayores no cuentan con ingresos para lograr autonomía económica y calidad de vida en la vejez deberán depender de sus hijos, que son cada vez menos. Paraguay está ante un momento clave de inflexión demográfica y económica, con fuerte impacto en las posibilidades de avanzar en el bienestar de su población y de garantizar la sostenibilidad financiera de los fondos previsionales.
Si no tomamos decisiones fuertes y de largo plazo en este ámbito, la situación demográfica obstaculizará el crecimiento económico e impedirá cualquier posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la población completa, no solo de la adulta mayor.