El aumento del gasto ejecutado por el Congreso fue paralelo al deterioro de la confianza ciudadana. El informe de Latinobarómetro señalaba que, en 2017, Paraguay entre 18 países de Latinoamérica era el que menos confianza tenía en esta institución, una de las principales de la democracia. Apenas el 10% de la población confiaba “mucho” y “algo”; en 2008, este porcentaje se elevaba al 41%. En 2005, el 54% opinaba que sin el Congreso no podría haber democracia.
Esta evolución negativa de la percepción ciudadana da cuenta de que el aumento presupuestario no se tradujo en un mejor trabajo que permitiera que el país apoyara a esta institución y sus integrantes. Al contrario, términos como “senarratas” y “dipuchorros” invaden por temporadas la prensa y las redes sociales como una señal de fuerte pérdida de legitimidad política.
El aumento presupuestario implica privilegios para sus integrantes sin mejoras en el mismo sentido en la población en general. Un ejemplo muy claro de esta situación es el monto destinado a un seguro de salud en el sector privado para parlamentarios y funcionarios, en contrapartida a un fuerte deterioro de los servicios de salud, tanto del Instituto de Previsión Social (IPS) como del Ministerio de Salud. Estos fondos deberían haber fortalecido el fondo de salud del IPS en lugar de aumentar la desigualdad y la fragmentación del sistema de financiamiento de salud en Paraguay.
Las jubilaciones para los parlamentarios también son una muestra de los privilegios financiados con impuestos, en su mayoría indirectos, que pesan inequitativamente sobre una población que no tiene ni seguro médico ni contará con una jubilación en el futuro.
La desigualdad que reproducen con sus decisiones, la percepción de que gobiernan para pocos, el tráfico de influencia que ejercen en las demás instituciones públicas y la ausencia de una carrera del servicio civil al interior de la institución, entre algunos de los problemas derivados de la gestión de este poder estatal, destruyen la confianza ciudadana en la democracia, contribuyen al conflicto social y reducen la posibilidad de construir los consensos necesarios para que nuestro país avance hacia mayores niveles de desarrollo e igualdad.
La racionalidad política y económica, la ética en la gestión y el compromiso hacia quienes les votaron se reflejan poco en la evolución del Presupuesto. Esperemos que los parlamentarios sean conscientes de esta situación y den señales claras de un cambio en el presente periodo de gobierno y, sobre todo, inicien mostrando su voluntad en el Presupuesto 2019.
