ALTO PARAGUAY
Tras el conflicto que se suscitó a orillas del río Paraguay el pasado jueves, cuando un grupo de personas se manifestaron para que el puerto no se privatice y que puedan operar las balsas libremente, el ex diputado Francisco Díaz Calderara, acusado de privatizar el lugar, salió al paso y mencionó que el trasfondo del inconveniente son los intereses creados.
Dijo que efectivamente el sitio que se utiliza como atracadero de balsas está en propiedad de la empresa Victoria Timbers SA, que adquirió en arrendamiento, y le llama la atención “que justamente en este momento las autoridades municipales se preocupen y saquen la resolución de interés municipal por ser camino vecinal, en un lugar donde en los alrededores no existen vecinos”, mencionó.
En el puerto operan una balsa con dueño brasileño y otras embarcaciones que transitan con total descontrol, según el ex parlamentario, oriundo de Casado, quien no descarta que el atracadero sea camino del narcotráfico. “Las actuales autoridades no intervienen, pero sí se ocupan de poner trabas a una persona que quiere trabajar en su pueblo”, afirmó.
Aseguró que desconoce las intenciones de unas decenas de personas que fueron a manifestarse en el puerto y sospecha que detrás de ellas se ocultan individuos con intereses creados. Además se despachó contra el Municipio, que no se ocupa de mejorar el puerto público con que cuenta Puerto Casado, “que tiene mucha precariedad”.
NO SE PROHIBIÓ PASO. Díaz afirmó que el lugar que arrendó es un sitio privado, pero en ningún momento prohibió el paso de la gente por el lugar; sin embargo, advirtió que bajo su administración “tendrá reglas estrictas, ya que se trata de un sitio donde en el futuro será de mucha utilidad para la ejecución de grandes proyectos”.
resolución. Por su parte, la Junta Municipal resolvió declarar de interés público el lugar denominado Ex Brete, por ser camino vecinal, y luego envió una nota al Ministerio de Obras Públicas solicitando la clasificación y categorización de los caminos existentes en el municipio de Casado, con la intención de que el sitio sea público, y así destrabar el conflicto que se originó entre algunos vecinos, el ex diputado y el Municipio.
Por su parte, Díaz Calderara no descarta realizar acciones judiciales y defender la propiedad donde, según afirma, “existen intereses particulares de autoridades municipales”.
