EFE-AP
La Paz
El conflicto en Bolivia por la posesión del rico yacimiento de gas natural “Margarita”, operado por la hispano-argentina Repsol YPF, amenaza con ampliarse tras la intervención del Gobierno y nuevos enfrentamientos entre pobladores y fuerzas del orden.
La disputa por la jurisdicción del campo, con 10,5 billones de pies cúbicos de gas, dejó el martes un manifestante muerto en Villamontes, una docena de heridos de bala y muchos contusos ayer en Yacuiba, poblaciones ambas de la provincia Gran Chaco, en el departamento sureño de Tarija.
ACCIONES LEGALES. Gran Chaco y su vecina O’Connor han iniciado acciones administrativas por la demarcación territorial del cantón Chimeo, donde se ubica el campo “Margarita”, fuente de regalía para la zona por aproximadamente 10 millones de dólares por su explotación.
“Margarita”, que es operado por Repsol YPF, es propiedad de una sociedad de la hispano-argentina con la británica British Gas y con Panamerican Energy, vinculada al grupo British Petroleum.
Las víctimas del conflicto, entre las que figuran unos 50 policías y soldados, se registraron cuando las fuerzas del orden repelieron a los habitantes de Villamontes y Yacuiba que pretendían ocupar instalaciones de Transredes.
El fallecido en Villamontes recibió un impacto de bala el martes en la noche, lo mismo que otras ocho personas de ese pueblo.
En Yacuiba al menos otras doce personas resultaron lesionadas ayer, en momentos en que todo hacía suponer que los chaqueños estaban satisfechos con la decisión gubernamental anunciada el miércoles.
Los habitantes de Gran Chaco, que desde el lunes pasado realizan una huelga y bloqueo de carreteras hacia Argentina y Paraguay, lograron ayer que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ordenara que el litigio sobre la jurisdicción del campo sea trasladado a la Prefectura (gobernación) de Potosí.
La decisión fue objetada de inmediato por los líderes de la provincia O’Connor, que se consideran traicionados por las autoridades del Gobierno nacional y anunciaron que interpondrán recursos legales y medidas para hacerse escuchar.
Petroleras, “heridas de muerte”
El tributo fijado en la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, de cerca de 30 millones de dólares mensuales, “hiere de muerte” a la industria petrolera, afirmó el presidente de la filial boliviana de Petrobras, José Fernando de Freitas. “Esta es una contribución que hiere de muerte la industria de los hidrocarburos, hiere de muerte la capacidad de desarrollo de esta industria, de seguimiento y continuidad de las inversiones en este país”, dijo De Freitas en La Paz durante la presentación de la “Memoria Anual 2006" de Petrobras. En el acto, el ejecutivo brasileño también abogó por que la firma sea considerada una “trasnacional boliviana” por su aporte económico a este país.
La compañía brasileña, la hispano-argentina Repsol YPF y la franco-belga TotalFinaElf son las que pagan el tributo especial por mes de un 32 por ciento sobre su producción para la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).