14 feb. 2025

Condenan a siete carabineros por un caso de desaparecidos en Chile

Santiago de Chile, 12 sep (EFE).- La justicia chilena condenó hoy a siete carabineros retirados por los delitos de secuestro y homicidio de quince personas en una localidad cercana a Santiago en octubre de 1973, a quienes asesinaron e inhumaron en unos hornos en la localidad de Lonquén.

El juicio estuvo paralizado durante muchos años en la Justicia Militar, que dio crédito a la versión de los carabineros, de que mientras trasladaban a los presos a Santiago, por orden superior, fueron emboscados en el camino, resultando muertos todos los

El juicio estuvo paralizado durante muchos años en la Justicia Militar, que dio crédito a la versión de los carabineros, de que mientras trasladaban a los presos a Santiago, por orden superior, fueron emboscados en el camino, resultando muertos todos los

Según fuentes judiciales, la ministra en visita (jueza especial), para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, sentenció como autores de secuestro calificado a Marcelo Castro Mendoza, a la pena de 20 años de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado.

Castro Mendoza, conocido como Lautaro, ya había sido condenado en 2008 a diez años de prisión por la desaparición de otros dos vecinos de Isla de Maipo, Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo, que tras ser detenidos el 14 de septiembre de 1973 por los carabineros fueron acribillados y sus cadáveres arrojados al río Maipo.

La jueza Cifuentes también condenó a David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González, Juan José Villegas Navarro, a la pena de 15 años de presidio como autores de secuestro calificado.

Además, Pablo Ñancupil Raguileo fue condenado a 15 penas de 60 días de presidio como autor de secuestro simple.

Entre las víctimas, todos vecinos de la zona, había cinco miembros de una misma familia y cuatro adolescentes detenidos en la plaza del pueblo, dos de ellos por estar, aparentemente, fumando marihuana.

El hallazgo de los cadáveres fue posible por una denuncia anónima recibida a fines de 1978 por la Vicaría de la Solidaridad, organismo creado por la Iglesia Católica chilena para defender los derechos humanos y a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El juicio estuvo paralizado durante muchos años en la Justicia Militar, que dio crédito a la versión de los carabineros, de que mientras trasladaban a los presos a Santiago, por orden superior, fueron emboscados en el camino, resultando muertos todos los detenidos, cuyos cuerpos introdujeron en los hornos de Lonquén “por temor”.

En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar la suma total de 5.540.000.000 (unos 8,2 millones de dólares) a los familiares de las víctimas, según la distribución de montos que se explica en el fallo.

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