Indican que el operativo se realizó el mismo día en que se había emitido otra Orden Judicial (el A. I. Nº 938/2022) que determina la Medida de Urgencia de No Innovar de hecho y de derecho sobre la finca 1616, padrón 2174, inmueble donde se asentaba la comunidad, por lo que los intervinientes incurrieron en desacato.
“El Ministerio Público debe abrir una investigación y procesar a los responsables... Exigimos a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, se abran investigaciones correspondientes sobre el actuar del juez Wilfrido Ovelar Vera de Caaguazú, quien dictó la orden de desalojo contrariando toda la normativa nacional e internacional y el oficial de Justicia Aníbal Alejandro Ramírez que ejecutó una orden sin órgano jurisdiccional competente”, señalan.