Los delitos por los cuales el Tribunal de Sentencia, integrado por Lourdes Peña, Manuel Aguirre y Rosarito Montanía, condenó a Arzamendia fueron exacción, estafa, uso de documentos no auténticos, utilización de marcas de valor no auténticos, excluyéndose la extorsión que no fue comprobada.
El perjuicio que había generado el ex cónsul alcanzó la suma de 538 mil dólares.
Según se escuchó durante el juicio, Arzamendia declaró falsamente ante la Dirección General de Administración y Finanzas de Relaciones Exteriores que contrató a nueve personas, que son Maura Figari, Sabino Mereles, Teodolina Flor, Gilberto Quiñónez, Grisell Gill, Apolonia López, Isaac Rojas, Barcilicia Candia y Alfredo Roa.
Las citadas personas supuestamente fueron contratadas para prestar servicios en la sede diplomática a su cargo y bajo su supervisión. En ese contexto, recibía mensualmente los cheques correspondientes a los pagos de haberes de las citadas personas. Sin embargo, estos contratados nunca prestaron servicio en la sede del Consulado. Arzamendia se quedaba con todos los cheques que llegaban al Consulado desde el 2005 al 2008, totalizando 421.814 dólares.
El condenado también utilizó contratos que no provienen de quien figura como su autor, remitiéndolos a la Cancillería, por lo que también se comprobó el delito de producción de documentos no auténticos.
Además, quedó demostrado que el ahora condenado había utilizado marcas de valor no auténticas, ya que legalizó documentos en los que se hallan adheridas estampillas no auténticas. No pudo ser comprobada la extorsión.
Hasta que la condena quede firme y ejecutoriada, el condenado deberá guardar arresto domiciliario, pese a su avanzada edad de 78 años, cumpliéndose con la ley que estipula que las personas mayores de 70 años no deben tener prisión preventiva. Luego de que quede firme y ejecutoriada la sentencia, el condenado deberá ir a prisión. La condena fue unánime.
la Primera. Con la condena del ex cónsul, Domingo Arzamendia viene a ser el segundo funcionario importante del gobierno del ex presidente Nicanor Duarte Frutos, en ser castigado judicialmente por actos de corrupción.
La primera condenada fue Judith Andraschko, quien deberá cumplir una pena de cinco años de cárcel en el Buen Pastor por el delito de lesión de confianza, durante su administración al frente de la Secretaría de Acción Social (SAS), con un perjuicio patrimonial de 1.600 millones de guaraníes por la compra irregular de inmuebles para los llamados sintechos en varios puntos del país.