Sucesos

Condena a ex juez revive debate sobre prevaricato y la inmunidad de jueces

Algunos magistrados dicen que no pueden ser procesados por el delito de prevaricato, porque están protegidos por su inmunidad de emitir opiniones. La Fiscalía afirma que sí tienen responsabilidad penal.

El ex juez de Santaní, Crescencio Ocampos, fue condenado días atrás por el delito de prevaricato. El otrora magistrado del fuero civil admitió haber violado la ley al emitir un fallo que pretendía frenar la extradición del presunto capo mafioso Jarvis Chimenes Pavão al Brasil. En un procedimiento abreviado, Ocampos fue condenado a 2 años de prisión, con suspensión de la ejecución de la pena.

Su condena revivió el debate sobre el delito de prevaricato y los límites de la inmunidad de los magistrados judiciales.

Esta discusión ya se había planteado en el 2016, cuando la Fiscalía Anticorrupción imputó al ministro de la Corte Suprema, Sindulfo Blanco, por prevaricato. Los fiscales encontraron 123 fallos en los cuales Blanco votó en un mismo sentido y uno solo en el cual votó en sentido contrario y ratificó una condena a un hombre llamado Peter David Kennedy. En aquella oportunidad, distintas voces de los gremios judiciales se manifestaron a favor de Blanco, criticando que los magistrados sean pasibles de ser procesados por este hecho punible.

El Código Penal sanciona el prevaricato en su artículo 305 de la siguiente manera: “El juez, árbitro u otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, será castigado con pena privativa de libertad de dos a cinco años”.

ARGUMENTOS. El camarista Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, explicó que su gremio aún no tiene una postura definida sobre el tema. “Hay posiciones encontradas. Algunos dicen que el juez tiene un fuero y que si el juez en forma independiente e imparcial dicta una sentencia, mal podría ser imputado por prevaricato. También hay otra posición de los colegas en el sentido de que cuando es evidente la comisión de un hecho punible, como en el caso del juez de Santaní, que hizo una violación expresa de la norma, sí es aplicable”, comentó Vera, y aclaró que él no tiene un criterio definido aún.

“Es un tema interesante. Debemos debatir, porque hay casos y casos y mucha preocupación. Muchas veces somos denunciados por prevaricato al solo efecto de apartarnos; eso ya se utiliza como mecanismo de dilación también”, añadió. En ese sentido, afirmó que aún no hay una jurisprudencia sobre el tema.

Por otro lado, el camarista indicó que uno de los puntos claves del debate es definir si la Ley 323/55 de Garantías de Fueros sigue vigente. Se trata de una ley especial sancionada durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Entre otras cosas, establece que aquel que “molestare, acusare o interrogare judicialmente” a un magistrado o agente fiscal será sancionado con hasta tres años de cárcel.

Otro argumento en contra del prevaricato es que el artículo 255 de la Constitución establece que ningún magistrado “podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones”.

En el 2016, el entonces director jurídico del Senado, José Casañas Levi, dictaminó que la Ley 323/55 fue derogada por el actual Código Penal de 1997. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la inmunidad de opinión no faculta a los jueces a cometer actos irregulares (ver adjunto).

Opiniones
“No pueden procesar a jueces por fallos”
“La Constitución dice que ningún magistrado podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo se le acusa entonces a un magistrado por una resolución? No hay nada que deducir. También tenemos la Ley de Garantías de Fueros, que habla de que a un magistrado no se le puede procesar por sus resoluciones, y esa ley está vigente”. Daniel Ledesma, juez.

“Prevaricato es una figura universal”
“El prevaricato es una figura universal. (...) La Ley 323/55 está derogada por el Código Penal de 1997, que deroga el Código Penal de 1910 y todas sus modificaciones. El artículo constitucional de la inmunidad de jueces no es aplicable al prevaricato, porque no es que se debate la opinión del juez; lo que se dice es que su conducta es una conducta criminal por ser dolosa al favorecerle a alguien contra la ley”. J. Casañas Levi, abogado.

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