Dice que esta iniciativa no busca la protección del interés general, sino del interés de algunos operadores del sector.
Sostiene que “no se acredita que el proyecto de ley cumpla con los principios de una regulación económica eficiente de necesidad, proporcionalidad y no discriminación que justifiquen una intervención estatal, por lo que el mismo es lesivo para la libertad de concurrencia y la libre competencia”. Insta al rechazo del proyecto y al Gobierno a iniciar un diálogo con todos los sectores afectados.