EDITORIAL
La finalidad de la existencia de tribunales, jueces y fiscales del Ministerio Público que representan a la sociedad es restablecer el equilibrio cuando personas o instituciones consideran que sus derechos han sido perjudicados o desconocidos.
Los magistrados actúan de árbitros entre las partes amparados en lo que les facultan las leyes y reglamentaciones. Su obligación social, por lo tanto, es de extrema responsabilidad.
Esa es la razón por la que la función de impartir justicia no puede quedar en manos de improvisados e incapaces que carecen de los conocimientos necesarios y del sentido de ecuanimidad que se necesita para juzgar.
La formación académica de los jueces y fiscales –salvo excepciones– deja mucho que desear. Sin conocimientos profundos de su ciencia, sin lenguaje claro, sin criterio y sin personalidad, son el reflejo de una sociedad que endiosa la mediocridad, desprecia la brillantez y le rinde culto al padrinazgo para acceder o mantenerse en un cargo.
El verdadero motivo de la degradación de la calidad de los administradores de Justicia es la politización.
Un claro ejemplo de ello es el Consejo de la Magistratura. La credencial de los méritos y la experiencia son lo de menos. Lo que allí hay que tener es el aval de un poderoso para entrar en las ternas.
La Corte Suprema actúa con los mismos parámetros de selección. Para ser elegido, es un requisito ampliamente conocido por los postulantes y por los profesionales del derecho que hay que contar con la bendición de algún ministro. A nadie escapa que los aspirantes se humillan buscando respaldo.
Es cierto que una mejor preparación no garantiza un servidor que sea solo leal a la Justicia. Esto hace necesario que los organismos de superintendencia funcionen y estén a cargo de personas que manejen en la práctica valores éticos y tengan autoridad moral.
Con la mediocridad apadrinada por los políticos no hay garantía de seguridad jurídica. Los que han recibido favores no van a actuar con imparcialidad, sino que van a responder a aquellos que les favorecieron. Si a ello se agrega la ignorancia, el futuro inmediato de la Justicia es sombrío.
Ese esquema en que los magistrados y fiscales están en las manos de los políticos, porque de ellos depende su nombramiento o reelección, es lo que hay que derrotar a través de mecanismos que busquen un cambio. Solo con verdadera independencia podrán ser mejores servidores de la Justicia y de la sociedad.