Ante la proliferación de delitos contra la mujer y la familia, se pretende usar una ley ya promulgada, la del control de reos con prisión domiciliaria o con permisos especiales, para evitar la agresión a las mujeres y otros sectores más desprotegidos de la sociedad.
El diputado liberal Víctor Ríos mencionó que una vez que comience a funcionar el sistema de las pulseras electrónicas para los agresores domésticos, ninguna mujer podría perder la vida, teniendo en cuenta que van a estar protegidas por dicha herramienta.
Modelo exitoso. El legislador del PLRA indicó que se busca copiar el modelo que ya está siendo implementado en Uruguay, donde la tasa de feminicidios disminuyó considerablemente, desde su utilización.
Incluso, explicó que en dicho país el sistema ayuda a la Policía para cuantificar y realizar los seguimientos a los casos de violencia doméstica.
“En nuestro país están aumentando los casos de feminicidio, es por eso que se debe establecer más mecanismos de prevención y protección para las mujeres”, resaltó el legislador.
El 7 de marzo pasado, por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que plantea la modificación del artículo 2 de la Ley 1600 Contra la Violencia Doméstica.
En la modificación presentada se propone que en los casos en que se ordena la exclusión del denunciado del hogar del grupo familiar, el juez imponga además la obligación del uso de un sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control que permita el conocimiento de la ubicación exacta del ofensor, de manera de tenerlo siempre monitoreado.
Respuesta rápida. Todo ello apunta a que se pueda realizar un seguimiento y controlar el normal cumplimiento de las medidas de protección, de forma que, en casos de alto riesgo, la presencia policial sea inmediata, y evite otras agresiones que incluso puedan llegar al feminicidio.
Ahora el proyecto debe ser tratado en el Senado para que sea sancionado, ya que actualmente cuenta con media sanción por parte de la Cámara Baja y luego posteriormente deberá estudiar el Ejecutivo para ver si promulga o veta el proyecto, y en caso de promulgarlo, proceder a su reglamentación.
