Editorial

Con aumentos, diputados se han burlado otra vez de la ciudadanía

Los últimos desproporcionados aumentos salariales concedidos a cinco privilegiados funcionarios de la Cámara de Diputados constituyeron otra grave burla a la ciudadanía. Los incrementos otorgados a estos empleados suman casi 50 millones de guaraníes, que de por sí superan los 23 salarios mínimos legales. Uno de los beneficiados, Arcadio Cabrera, director administrativo de la Cámara Baja, recibió un aumento que eleva su remuneración a 33.370.000 guaraníes, ganando de este modo más que cualquier diputado. En un momento en que los gremios productivos e industriales reclaman ante la desaceleración económica y en que los sectores campesinos y laborales exigen más atención a los problemas sociales, coincidiendo en la necesidad de ser austeros en el uso de los fondos públicos, los legisladores nuevamente demuestran que no les preocupa para nada la dura realidad del país. Las denuncias y fuertes críticas obligaron a rever la medida.

Como si no existieran las constantes movilizaciones ciudadanas y las continuas manifestaciones de repudio o escraches contra referentes de la clase política que le dan las espaldas al pueblo, en la Cámara de Diputados se ha registrado un nuevo caso de abuso y despilfarro de los fondos públicos, al conceder un desproporcionado incremento salarial a cinco privilegiados funcionarios, un hecho que ha sido bautizado popularmente como “el aumentazo”.

Tal como lo ha dado a conocer este diario en su edición del domingo, los cinco funcionarios –Arcadio Cabrera, María Inés Talia, Lidia Rolón, Richard Gómez y Julio Arévalos– han recibido incrementos salariales que superan en bonificaciones el porcentaje máximo de 30% permitido por el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto. Los montos de los aumentos concedidos a los cinco funcionarios llegan a casi 50 millones de guaraníes. Uno de ellos, el actual director administrativo de la Cámara de Diputados, Arcadio Cabrera, cobra actualmente 33.370.000 guaraníes, superando de este modo al mismo salario de los legisladores.

En un momento en que los gremios productivos e industriales reclaman ante la desaceleración económica y en que los sectores campesinos y laborales exigen más atención a los problemas sociales, coincidiendo en la necesidad de ser austeros en el uso de los fondos públicos, los legisladores nuevamente han demostrado que no les preocupa para nada la dura realidad del país.

Las denuncias periodísticas y la indignación mostrada por la ciudadanía ante este hecho han llevado, sin embargo, a que el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, ordene suspender el pago de los aumentos y anunciar que se lleva a cabo una auditoría. Sin embargo, tras la publicación inicial, el propio Cuevas se había lavado las manos y había minimizado la situación, al responder que no conocía los detalles acerca de los aumentos otorgados y que fue una decisión de la Comisión Bicameral de Presupuesto, presidida por su correligionario Arnaldo Samaniego. Ahora, ante la avalancha de críticas recibidas, cambió de opinión.

Irónicamente, dos de los funcionarios beneficiados por los aumentos desmedidos, el director administrativo, Arcadio Cabrera, y el director de Recursos Humanos, Julio Arévalos, participarán de la auditoría. Es decir, serán juez y parte. Es otro factor que resta seriedad institucional a la actuación de las autoridades de la Cámara de Diputados, quienes no aprenden la lección ante el hartazgo expresado en las últimas movilizaciones políticas e igual siguen burlándose de la ciudadanía.

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