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Comité de DDHH de la ONU pide a Paraguay mejoras en su sistema penitenciario

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió al Gobierno de Paraguay, en un informe publicado este jueves, que mejore las condiciones de los internos en sus cárceles y evite el uso excesivo de la prisión preventiva.

"Una de las principales preocupaciones sobre Paraguay es el enorme número de prisioneros aún no juzgados hacinados en las prisiones", destacó el vicepresidente del comité, Yuval Shany, en la presentación del informe, cuarto que la institución elabora tras revisar la situación de los derechos humanos en nuestro país.

"Animamos a países en esta situación a introducir alternativas a la detención, como la libertad bajo fianza, el arresto domiciliario, o el uso de controladores electrónicos", subrayó Shany, quien insistió en que Paraguay "necesita mejorar las condiciones de sus cárceles".

El informe, aprobado el 22 de julio, después de que la delegación paraguaya compareciera ante el comité los días 9 y 10 del mismo mes, recomienda, entre otras cosas, que el país sudamericano "garantice que las condiciones de reclusión en todos los lugares de privación de libertad se ajusten a las reglas mínimas de la ONU".

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El comité trató otros temas relacionados con derechos humanos y expresó así su preocupación por el "lento progreso" mostrado por Paraguay a la hora de juzgar los crímenes cometidos durante la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

El informe pide por ello "acelerar la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de restos encontrados en el contexto de la investigación de los casos de desaparición forzada".

Otros puntos tratados por el comité fueron la situación de los pueblos indígenas, que, según Shany, "siguen siendo una parte marginal de la sociedad", pese a que Paraguay registró avances positivos en este ámbito, con el establecimiento de mecanismos institucionales de consulta con estas comunidades para debatir la explotación de tierras y recursos naturales.

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El informe también hace hincapié en amenazas a la independencia del Poder Judicial, debido a la considerable presencia de políticos en órganos responsables de la administración de justicia.

En este sentido, el comité pide "erradicar todas las formas de injerencia de los otros poderes en el Judicial y garantizar la investigación pronta, minuciosa, independiente e imparcial de todas las denuncias de injerencia y corrupción".

Según cifras oficiales, solo el 23% de los 16.580 internos cuentan con una condena, mientras que el 79% se encuentran procesados pero no fueron hallados culpables de algún hecho punible.

Fuente: EFE.

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