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Codehupy teme más violencia con suspensión de protocolo de desalojo

Para la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) la suspensión del protocolo de desalojo no hace más que profundizar la violencia y criminalizar a los ocupantes de tierras. A su vez, los campesinos piden una mesa de trabajo para negociar reubicaciones y evitar las peores consecuencias en los procedimientos.

Varios cuestionamientos de gremios y organizaciones sociales se dirigen al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien entre polémicas decisiones anunció la semana pasada que queda sin efecto un protocolo de desalojo vigente desde el 2013 con el objetivo de “acelerar” los procesos.

Se trataba de un plan de acción conjunta por el que se cumplían tres fases, entre ellas el diálogo con los ocupantes.

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Si bien Codehupy no estaba de acuerdo con este protocolo porque explica que no es la mejor forma democrática para destrabar los conflictos sociales relacionados a la falta de vivienda y tierra, considera que la peor salida es dejarlo sin efecto.

“En lugar de dejar de lado el Protocolo de desalojo para encaminar acciones que contemplen los estándares de derechos humanos, que impidan que familias enteras, niños, niñas, queden literalmente en la calle, deciden agravar aún más la situación, al reconocer, sin rubor alguno, que la motivación de esta decisión es acelerar los desalojos”, detalla el comunicado.

La organización advierte que esta medida significa un retroceso en materia de derechos humanos, donde el Estado profundiza la violencia y criminaliza a los ocupantes, quienes viven en esa condición por falta de políticas públicas.

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Asimismo, critica que Paraguay viola la Constitución y los tratados internacionales al dar prioridad a la propiedad privada, por encima de los derechos de la vida, la integridad física, la salud, educación, derechos de los niños, entre otros.

“¿Y qué medidas se ofrecen a la otra parte del conflicto social que también ve violentado su derecho por el Estado? ¿Dónde están estas familias? ¿Qué soluciones se les ha ofrecido?”, cuestiona.

Por su parte, un grupo de campesinos y organizaciones urbanas se encuentran en el Congreso Nacional, donde también expresan su rechazo a la decisión tomada por el Gobierno.

El dirigente de Desde Abajo, Rodrigo Rojas, argumentó que las ocupaciones se hacen por una extrema necesidad ante la falta de garantías de posesión de tierras, que no facilitan el mercado ni el Estado.

En ese sentido, explica que si bien el protocolo no era la mejor salida, llamaba al cese del hecho punible porque primero se revisaban los documentos y se hacía una investigación antes de proceder al desalojo.

Cree que los procedimientos deben ser el resultado de un proceso civil, donde un juez es el que decide quién tiene mejor derecho sobre la tierra ocupada.

“El protocolo que dejaron sin efecto era aberrante y ahora estamos en un nivel más calamitoso de aberración, porque no se va a investigar nada, no se va a dialogar”, lamentó.

Al igual que Codehupy, responsabiliza además a la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Unión Industrial del Paraguay (UIP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

En la sede del Congreso también estuvieron miembros de la Asociación de Policías de Alto Paraná, quienes se unieron a este reclamo, pero además piden la cabeza de Villamayor por sus intenciones de retirar atribuciones a la Comandancia de la Policía Nacional y otorgar más poder al Ministerio del Interior.

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